El Consejo de Gobierno ha sido informado del nuevo acuerdo marco de homologación de suministro de combustibles líquidos y prestación de servicios de recarga energética de vehículos eléctricos para el parque móvil de entidades adheridas a la red de energía de la Junta de Andalucía (Redeja), medida con la que el Gobierno andaluz prevé ahorrar al menos 2,5 millones de euros.
Este contrato fue adjudicado el 27 de marzo de 2025 y ha entrado en vigor el 16 de junio de 2025, con una vigencia de dos años, con la posibilidad de dos prórrogas más hasta un máximo de cuatro años. Se trata del segundo contrato centralizado que pone en marcha la Junta de Andalucía para ahorrar obteniendo precios más competitivos en el combustible de su parque móvil y que incluye también los servicios de recarga para vehículos eléctricos.
El proceso de contratación centralizada lo ha realizado la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, aunque su operatividad depende de la Consejería de Industria, Energía y Minas a través de la Agencia Andaluza de la Energía, entidad responsable de la Red de Energía de la Junta de Andalucía (Redeja), que ha elaborado los pliegos de prescripciones técnicas para la licitación. Este nuevo contrato centralizado tiene un valor estimado total de 20.171.000 euros, si bien el gasto real quedará limitado al resultante de los suministros o servicios prestados.
Contrato centralizado del repostaje
El primer lote licitado, para el suministro de combustibles líquidos, tiene un volumen de facturación estimado de 19.528.000 euros, en el que han sido adjudicatarias Solred, Cepsa (ahora Moeve) y BP. Para la valoración de las ofertas se ha tenido en cuenta el descuento de las licitadoras sobre su precio de venta al público en el momento de repostaje (la media de descuento obtenido entre las ofertas ganadoras se sitúa en un 10%), así como el número de estaciones de servicios en Andalucía y el mayor porcentaje ofertado de biocombustible y biogás en los combustibles líquidos, superior a lo exigido por la Ley.
El segundo lote licitado corresponde al servicio de recarga de vehículos eléctricos, con un volumen de facturación estimado de 643.000 euros. En este caso, las tres empresas que han resultado homologadas son Iberdrola, Wenea Services Spain y la UTE Endesa X Way/Acciona Recarga. También en este caso el criterio de valoración que ha primado ha sido el descuento sobre el precio de venta al público en el momento de la recarga, con una media de descuento de un 18%. Asimismo, se ha considerado el número de estaciones de servicio y de comarcas en las que se puede realizar dicho servicio en Andalucía y si la energía eléctrica suministrada tiene garantía de origen renovable o procede directamente de fuentes de energías limpias en los puntos de recarga.
El anterior contrato centralizado, que incluyó sólo combustible ya que el servicio de recarga quedó desierto, se formalizó el 1 de febrero de 2021 y ha estado vigente hasta el 31 de enero de 2025, con las empresas Solred-Repsol y Ressa-Cepsa como adjudicatarias y una media del descuento del 6,77%.
El Gobierno andaluz parte del convencimiento de que la Junta de Andalucía debe ser un ejemplo de responsabilidad y compromiso, liderando actuaciones para propiciar el ahorro, la eficiencia, el uso de renovables y la optimización de los recursos energéticos en sus sedes administrativas y edificios públicos, tal y como recoge el Plan de Ahorro y Eficiencia Energética de la Administración de la Junta de Andalucía 2026.
La compra pública ha tenido una evolución importante en los últimos diez años pasando de ser un mero instrumento de provisión de bienes y servicios a ser un actor principal para la aplicación de políticas públicas de sostenibilidad. Para ser acordes a esta evolución, la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos lleva tiempo trabajando en establecer un modelo de gestión de la contratación pública que sea estratégico y común para toda la Junta de Andalucía, que agilice y homogenice los procedimientos y vele por la aplicación de principios tales como de libertad de acceso, transparencia, y concurrencia, entre otros, de acuerdo con criterios de eficiencia, racionalización del gasto público y sostenibilidad.
