La junta de personal de la Administración General de la Junta de Andalucía en Málaga, integrada por los sindicatos CSIF, SAF, CCOO, ISA y UGT, ha acordado suspender temporalmente las protestas tras lograr el compromiso de la Delegación Territorial de Empleo y en la Secretaría General del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) de poner fin a las medidas impuestas recientemente que estaban deteriorando las condiciones laborales y clima laboral en los distintos centros de trabajo.
Así, se ha suspendido el calendario de concentraciones previsto tras acordar con la Administración que se atiendan las legítimas reivindicaciones del colectivo y se anulen los nuevos procedimientos internos que estaban generando multitud de inconvenientes, sobre todo en los casos de bajas por enfermedad, y generando desigualdades respecto a otros centros de trabajo.
Esta decisión ha sido refrendada en diversas asambleas de trabajadores, en las que, de forma mayoritaria y en un ejercicio de responsabilidad, se ha decidido posponer las convocatorias –que estaba previsto que arrancaran esta semana- ante el compromiso de la Administración de atender las reivindicaciones del colectivo.
CSIF, SAF, CCOO, ISA y UGT con los funcionarios de la Junta
Además, la Administración ha asumido su responsabilidad de garantizar el diálogo con la representación sindical, antes inexistente, para avanzar hacia unas condiciones igualitarias en el conjunto de centros de la Junta de Andalucía. La junta de personal ha reclamado que se acabe con la discriminación del personal de la Delegación de Empleo y del SAE para atajar la grave desmotivación y ausencia de reconocimiento por parte de los responsables, y que frene la fuga de trabajadores a otros destinos.
La junta de personal celebra que se haya restablecido el diálogo y valora el ejercicio de responsabilidad por parte de la Administración para llegar a este acuerdo, al tiempo que confía en que este avance devuelva la motivación y la confianza a unos equipos que dan lo mejor de sí cada día para sacar adelante y garantizar los servicios públicos esenciales.
