La propuesta del PP para acabar con el anonimato en internet ha suscitado el rechazo de quienes consideran que la iniciativa no tiene sentido y limita la libertad de expresión, como alegan las asociaciones de internautas y la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI).
A las críticas ya formuladas ayer por la PDLI, que considera la proposición no de ley del Grupo Popular como un «enésimo» intento de recortar las libertades en internet, y un ataque «muy grave» contra derechos fundamentales, en particular la libertad de expresión e ideológica, se suma hoy el rechazo manifestado también contra la iniciativa por dos asociaciones de internautas.
El presidente de la Asociación de Usuarios de Internet (AUI), Miguel Pérez Subías, ha advertido hoy a Efefuturo de que el planteamiento de forzar a un usuario a registrarse con su identidad administrativa real en las plataformas de internet con el pretexto de luchar así contra la supuesta impunidad del anonimato en la red es simplemente «absurdo».
«En internet es muy difícil ser anónimo. No hay anonimato en internet», insiste Pérez Subías. «Creo que es interés político lo que está detrás de esta propuesta»; «pienso que lo que se busca es un control político» de los espacios públicos de internet.
Todas las cuentas en la red van asociadas a una dirección IP que permite identificar el ordenador y el sitio físico desde el que se transmite cualquier información, y por tanto no parece que haya necesidad de ir más allá para evitar posibles conductas sancionables, «porque para eso esta la Ley», añade.
Ha explicado que actualmente los sistemas en internet tienen «inteligencia» para comprobar que una persona es quien dice ser, mediante elementos añadidos para corroborar la identidad real del que se registra a un servicio, como la comprobación de una cuenta de correo electrónico del usuario o de Facebook.
Ha recordado que además existen herramientas dentro del ordenamiento jurídico para sancionar a los culpables de comentarios ilícitos en la red, como en la vida física. «Son los jueces y no los políticos los que deben juzgar qué acciones transgreden la legalidad o no, y «el respeto a la ley es de obligado cumplimiento», añade.
Advierte asimismo de que está comprobado que los sistemas rígidos de identificación en internet bajan la participación pública en los foros y se pierde creatividad.
La propia red ha ido buscando con el tiempo sus sistemas de autocontrol frente a posibles conductas ilícitas. De hecho, pocos servicios permiten ya crear una cuenta sin registro previo de datos personales, añade. «Creo que el equilibrio actual es razonable».
El presidente de la Asociación de Internautas (AI), Víctor Domingo, coincide en que tratar de «prohibir» el acceso de usuarios a redes sociales por no facilitar su identidad personal oficial es «desconocer que todos tenemos una IP que nos delataría en caso de delito».
El problema de algunos políticos es que «tienen miedo» a las redes sociales y al uso de internet, y por eso «no centran bien el tiro a la hora de hacer leyes con sentido», sino que promueven iniciativas que «no llevan a ningún sitio», continúa.
Añade que los dirigentes deberían centrarse en que sea realmente operativo el DNI electrónico y que su uso sea masivo, y que al mismo tiempo se agilice la Justicia para que quien cometa delitos sea denunciado independientemente del canal de comunicación.
La prohibición del internauta a navegar con el apodos animaría a la gente a buscar alternativas como el internet profundo y a cifrar sus mensajes, ha alertado.
