La Fiscalía del Tribunal Supremo y la Fiscalía Anticorrupción están preparando el cierre de las investigaciones que mantiene abiertas sobre la fortuna del rey Juan Carlos I y está a punto de concluir el escrito en el que justificará esta decisión en la prescripción de los hechos, en la inviolabilidad del monarca antes de su abdicación en junio de 2014 y en la presentación de dos regularizaciones fiscales.
Las tres investigaciones que siguen vivas en España indagan sobre el supuesto cobro de comisiones por parte del exjefe del Estado y sobre varios delitos fiscales. En concreto están bajo la lupa del Ministerio Público el presunto cobro de comisiones por la adjudicación de las obras del AVE a La Meca a un consorcio de empresas españolas, el traspaso de diversas cantidades a Juan Carlos I por parte de un empresario mexicano y la existencia de fondos en paraísos fiscales opacos a la Hacienda pública.
Según adelantó ‘El Confidencial’ y fue confirmado por Servimedia en fuentes cercanas a la investigación, el decreto de fin de diligencias está en marcha y se presentará próximamente sin pedir que se judicialicen estos casos.
En relación con los fondos radicados en paraísos fiscales, la Fiscalía considera que no pueden ser perseguidos porque su creación se produjo hace tres décadas, por lo que se consideran prescritos o corresponden al período en el que Juan Carlos I gozaba de inviolabilidad antes de junio de 2014.
Pero además, la Fiscalía tiene en cuenta que el Rey emérito ya ha presentado dos regularizaciones fiscales que, en principio, habían servido para satisfacer los impuestos por el dinero que le traspasaron terceros y que nunca declaró. Según los datos que maneja el Ministerio Público estas declaraciones serían veraces y completas y por tanto desactivarían la posible acusación de delito fiscal.
En este punto hay discrepancias entre expertos, puesto que las dos regularizaciones se realizaron cuando los abogados del exjefe del Estado recibieron notificación de la apertura de una investigación, lo que en opinión de algunos juristas podría impedir de manera genérica las regularizaciones, mientas que otros sostienen que si la notificación es genérica no paraliza esa posibilidad.
