El secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, hizo esta consideración este jueves durante su participación en la jornada online ‘Experiencia de mayores durante la pandemia: la necesidad de un cambio en el modelo sociosanitario’, organizada por la EAPN-ES (Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión social en el Estado Español).
Álvarez comentó que el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 trasladará “en las próximas semanas” al Consejo de Ministros este reparto autonómico de más de 700 millones de euros para el desarrollo de los cuidados de larga duración de las personas mayores.
Esa iniciativa irá en paralelo a otras reformas, como una “estrategia nacional de desinstitucionalización” para que los cuidados de las personas mayores y dependientes se acerquen a los ámbitos comunitario y domiciliario, y no tanto al residencial.
Álvarez añadió que habrá una ley marco de servicios sociales, una mejora en la protección de las familias para reforzar las pensiones no contributivas y su reorganización en torno a una ley de diversidad familiar y protección a las familias, y una modernización de las prestaciones no contributivas con el desarrollo del Ingreso Mínimo Vital (IMV).
Para Álvarez, el Gobierno ha adoptado como “decisión clave” utilizar la financiación de los fondos europeos asociados a la salida de la crisis del coronavirus para “reforzar” los cuidados de larga duración y cambiar su modelo.
No en vano, indicó que España destina un 0,65% del PIB a economía de los cuidados, cuando la media de los países de la OCDE es de un 1,5%, de manera que un “reto claro” es “utilizar esa nueva financiación para ir modificando poco a poco el modelo”, de manera que la atención residencial sea “el último paso” y se ciña a “una atención centrada en la persona”, para dar un mayor paso a la atención domiciliaria y comunitaria.
Además, Álvarez recalcó que el Gobierno ha comprometido para los Presupuestos Generales del Estado de este año un incremento de unos 600 millones de euros el sistema de dependencia, algo que “se reforzara” en las cuentas estatales de 2022 y de 2023 “con crecimientos similares”.
