Más de 200 personas, la gran mayoría mujeres, que trabajan como personal técnico de integración social (192) e intérpretes de lengua de signos (17) en centros públicos, tanto de primaria como de secundaria de la provincia de Málaga, podrían verse en la “calle” en el próximo curso.
Esto se debe al anuncio de la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía de querer convertir estos puestos de trabajo externalizados desde hace unos 16 años en públicos, creando una bolsa de trabajo que no les contempla ni el tiempo trabajado ni sus categorías profesionales.
El Sindicato de Enseñanza de CCOO de Málaga ha realizado esta mañana una rueda de prensa donde han estado presentes su secretario general, Félix Martín, la responsable de Enseñanza Pública en CCOO de Málaga, Yolanda Gamero, y una delegada sindical de CCOO de Málaga especializada en integración social, Cristina Ramírez.
En este acto, los representantes sindicales han informado sobre este conflicto y han anunciado un calendario de movilizaciones que se irá intensificando durante las próximas semanas en el caso de que la Junta de Andalucía no subrogue al Personal Técnico de Integración Social (PTIS) y al de Intérpretes de Lengua de Signos (ILSE).
En concreto, el sindicato ha convocado una jornada de huelga para el próximo 15 de enero que coincidirá con una concentración a las 11:00 horas en Sevilla ante la Consejería de Educación. El 22 de enero habrá concentraciones por la tarde en todas las delegaciones de Gobierno de la Junta de Andalucía y el 29 de enero se realizará un nuevo acto de protesta en la Consejería de Educación.
Este conflicto afecta tanto a las plantillas que realizan dichos servicios en los centros educativos públicos de la provincia de Málaga, más de 200 personas, que realizan su labor en un total de 175 centros, como en el resto de las provincias de Andalucía, que suman unas 1.400 personas y desarrollan su trabajo en 1.300 centros. Es un colectivo altamente feminizado con casi el 90% de mujeres.
Para esta organización sindical, la solución pasa concretamente por la subrogación, y así lo permite la ley 9/2017 de Contratación del Sector Público. Igualmente, desde CCOO se destaca que los tribunales cada vez dan más razón en cuanto a la cesión ilegal de trabajadores en este tipo de contrataciones.
El sindicato pide también a la Consejería de Educación y Deporte convocar una mesa de negociación con objeto de dar aplicación a lo dictado por la Ley y mantener a estas plantillas en sus puestos, evitando así la judicialización del problema, donde, como en ocasiones similares, el resultado será favorable para estas personas.
