La Audiencia de Málaga tiene previsto juzgar a partir de este lunes a tres acusados de presuntas irregularidades en la contratación o adjudicación de obras municipales en la localidad malagueña de Benalmádena en 2009 y 2010, con supuestos incrementos de presupuesto o duplicidad de facturas, que ocasionaron un perjuicio de más de 635.000 euros al Ayuntamiento.
El fiscal acusa en sus conclusiones iniciales, a las que ha tenido acceso Europa Press, a un técnico encargado de la Sección de Vías y Obras del Área de Urbanismo del Ayuntamiento durante dichos años y a los administradores únicos de dos empresas. Se les achaca delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, en un caso como presunto autor y en los otros dos como inductores.
Según el relato provisional de esta acusación, durante 2009 y 2010, el acusados que era técnico municipal era el que se encargaba de realizar las valoraciones en los procesos de adjudicación de obras públicas del Ayuntamiento y vigilaba que se realizaran según los proyectos.
La Fiscalía sostiene que este procesado presuntamente «permitió el fraccionamiento de las obras públicas en múltiples obras que eran susceptibles de contratación por la modalidad de contratos menores», que, según esta acusación, «adjudicaba en la casi totalidad de las ocasiones al mismo contratista», que era otro de los acusados en esta causa.
La acusación pública mantiene que en esas fechas se adjudicaron numerosas obras con cargos a diversos fondos, algunas de las cuales llegaron a ejecutarse pero «lo fueron por cantidades muy superiores a las inicialmente licitadas, sin que existiera circunstancia alguna que así lo motivara».
Para el fiscal, en varios expedientes de obras en calles del municipio, «no se ha justificado debidamente la necesidad del incremento de presupuesto ni el destino final del dinero, con el consiguiente perjuicio para la administración pública», señalando que supuestamente no constan proyectos o las actuaciones «no se realizaron».
En este sentido, apunta a que el técnico, «puesto de acuerdo» con uno de los empresarios acusado, dio su conformidad a las facturas presentadas por este «bien en su propio nombre o en el de la empresa, a pesar de que algunas no se correspondían con proyecto alguno o estaban duplicadas».
Asimismo, el otro empresario acusado, «en connivencia» con dicho técnico, «realizó excesos de facturación, facturó por trabajos no realizados o emitió facturas duplicadas, que fueron aceptadas, lo que supuso, igualmente, «un perjuicio para el Ayuntamiento», indica el ministerio público.
Por eso, se acusa al que era funcionario municipal como presunto autor de los delitos de prevaricación y de malversación; mientras que a los otros dos se les acusa de los mismos tipos delictivos pero en concepto de inductores. El fiscal solicita seis años de prisión e inhabilitación para empleo o cargo público durante 18 años.
En concepto de responsabilidad civil, pide que el técnico y uno de los empresarios indemnicen al Ayuntamiento con 260.587 euros y que el primer acusado y el administrador único de la otra empresa lo hagan con 374.796 euros. El juicio está previsto en la Sección Tercera y se prolongará otros seis días de este mes.
