Por Joan Pau Rica Lopez
La corrupción política se ha convertido en la mayor preocupación de los ciudadanos españoles desde hace décadas. Sin embargo, elección tras elección, los partidos salpicados por escándalos, investigaciones judiciales y condenas continúan obteniendo millones de votos. La pregunta es inevitable: ¿por qué seguimos aceptando una situación que, en cualquier empresa privada o administración seria, sería considerada inaceptable?
El problema no es únicamente la existencia de casos de corrupción. Lo verdaderamente preocupante es que la corrupción ha acabado institucionalizándose. Muchos ciudadanos han llegado a asumir que quien alcanza un cargo público terminará llenándose los bolsillos y además terminará beneficiando a familiares, amigos, afines políticos o grupos de interés. Como si fuera una consecuencia natural del ejercicio del poder.
La situación se vuelve todavía más desconcertante cuando observamos la dinámica de alternancia política. Un partido cuestionado por numerosos procedimientos judiciales y por la actuación de algunos de sus dirigentes es sustituido por otro que también acumula un parecido número de investigaciones, escándalos o condenas entre sus filas. Y lo peor es que no solamente se sustituyen en el poder, si no que dominan la justicia hasta el punto que no son juzgados en juzgados de instrucción, si no que se les trata en juzgados superiores, con magistrados escogidos por ellos mismos, y tenemos casos palmarios en los que se ha juzgado a personas de altísimo poder nacional y no se les ha exonerado de la pena que se les debía haber aplicado, si no que han quedado en libertad porque sus delitos han prescrito. En esta tesitura los ciudadanos terminan atrapados en una especie de péndulo político en el que unos denuncian la corrupción de los otros mientras ignoran la propia. El resultado es un desmesurado hastío y una creciente pérdida de credibilidad de la política.
El verdadero problema es que hemos reducido la democracia a una competición entre siglas. Votamos partidos antes que personas. Votamos lealtades ideológicas antes que trayectorias profesionales. Y, con frecuencia, aceptamos candidatos cuya principal cualificación es haber ascendido dentro de una estructura partidista, sin haber colaborado ni haberse integrado en el mundo real . Mientras tanto, miles de profesionales honestos, empresarios, trabajadores, científicos, médicos, juristas, profesores o ingenieros, con experiencia demostrada en la gestión de problemas reales, permanecen alejados de las instituciones.
La Constitución Española establece en su artículo primero que la soberanía nacional reside en el pueblo español. Sin embargo, los ciudadanos sienten que el poder efectivo se centra en las cúpulas de los partidos, que elaboran listas cerradas y controlan gran parte de la vida política y legislativa. El elector no puede elegir más que entre las opciones previamente seleccionadas por os propios partidos integrantes en el bipartidismo.
Creo que ha llegado el momento de abrir un debate profundo sobre la regeneración democrática. Sobre la necesidad de exigir responsabilidades políticas inmediatas ante cualquier indicio serio de corrupción. Sobre la conveniencia de reforzar los mecanismos de control institucional. Y, sobre todo, sobre la posibilidad de incorporar a la vida pública a personas cuya principal credencial sea su honestidad y su capacidad profesional, no su obediencia a una estructura partidista.
La democracia no consiste únicamente en votar cada cuatro años. Consiste también en exigir ejemplaridad, transparencia y rendición de cuentas. Mientras los ciudadanos sigan resignándose a elegir entre los mismos protagonistas de siempre, difícilmente cambiarán los resultados. La verdadera fuerza de una democracia reside en un pueblo que no se conforma, que exige, que fiscaliza a sus gobernantes y que recuerda que el poder no pertenece a los partidos, sino al pueblo.
Joan Pau Rica Lopez
