El Gobierno mantiene «prudencia» hasta conocer esta semana el sumario del caso que investiga el rescate de la aerolínea Plus Ultra y mantiene su defensa del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero sobre la idea de que «hasta el momento» el auto refleja que son «actividades de ‘lobby’ y, por tanto, son legales».
Con el auto judicial leído «varias veces», miembros del Gobierno afirmaron a Servimedia que «lo de Zapatero son actividades de ‘lobby'» e insisten en que es «una actividad legal y muy normal».
Ante algunas informaciones que apuntan a que la Audiencia Nacional podría hacer público el sumario del caso esta semana, desde el Gobierno esperan conocer el informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional y las pruebas para basar este documento y los indicios recogidos en el auto que se dio a conocer esta semana.
Zapatero tendrá que explicar el próximo 2 de junio por qué sus trabajos de consultoría para la empresa ‘Análisis Relevante’ no son tráfico de influencias como sostiene la investigación y son actividades de lobista. Precisamente, es uno de los puntos que desde el Gobierno califican de «importantes» en esta investigación respecto a la figura del expresidente.
«¿Dónde acaba el lobismo y empieza el tráfico de influencias?», le preguntó el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, este miércoles pasado en la sesión de Control al Ejecutivo en la Cámara Baja.
Zapatero está acusado por tráfico de influencias, entre otros delitos, porque se constata, según explica el auto, «la existencia de una trama organizada de ejercicio ilícito de influencias, estructuralmente organizada y liderada por José Luis Rodríguez Zapatero, que habría puesto sus contactos personales y su capacidad de acceso a altos cargos de la Administración al servicio de terceros interesados en obtener decisiones favorables».
Desde el Gobierno lo desmienten al defender que «no se desprende del auto ninguna prueba» que incrimine al expresidente. Asimismo, sostienen que «todas las facturas están declaradas, como bien dijo en su vídeo Zapatero», por lo que, «hasta el momento y que sepamos mediante este auto», sostienen, «no existe ningún beneficio económico ilícito».
El auto también incide en que las reuniones, contactos y comunicaciones que mantuvo la red evidencian que actuó con la «finalidad específica de influir en la decisión del órgano competente».
El juez Calama, en su escrito, afirma que concurren «los requisitos típicos del delito de tráfico de influencias: existencia de una influencia ejercida o simulada, orientación a la obtención de una resolución administrativa concreta y vinculación funcional entre la influencia y el beneficio económico pretendido, todo ello en el marco de una red organizada y jerarquizada que habría actuado en favor de Plus Ultra y cuyos beneficios económicos habrían sido canalizados hacia José Luis Rodríguez Zapatero y su entorno más próximo».
UNA LEY ATASCADA
Desde el Gobierno también culpan al PP de «retener» la aprobación de la ley para regular esta figura del ‘lobby’, cuyo nombre oficial es Proyecto de Ley de transparencia e integridad de las actividades de los grupos de interés. Cabe recordar que ya hubo un primer intento por parte del Gobierno para sacarla adelante en 2022. El Consejo de Ministros ya aprobó un primer anteproyecto en noviembre de 2022, pero no llegó a Cortes por el adelanto de las elecciones generales en 2023.
En un segundo intento, el Ejecutivo volvió a aprobar por segunda vez el anteproyecto de esta norma en 2024 y llegó al Congreso en enero del año pasado. Sin embargo, desde entonces la norma permanece atascada por falta de apoyos del resto de grupos parlamentarios. Fuentes del PSOE señalan a este medio que en realidad existe consenso con los socios de la investidura, pero con «la derecha» el acuerdo no llega y la norma permanece atascada.
El proyecto legal define qué es un ‘lobby’ y cuáles son sus actividades de influencia, a la vez que pide crear un registro público y obligatorio y establecer un código de conducta y un régimen sancionador ante posibles incumplimientos. Además, obliga a crear un registro para que queden relejadas las aportaciones realizadas por estos grupos de presión en los proyectos legales finales.
El director general de la Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales (APRI), Jorge Aliende, explica que «ninguna regulación impide por sí sola que alguien actúe de forma opaca o ilícita» y expone el ejemplo de que el Código Penal no impide que se cometan delitos.
Sin embargo, defiende una regulación del ‘lobby’ «acorde con los estándares europeos» y dejar más claro así «un marco legítimo de representación de intereses» porque, de este modo, «ayudaría a reducir las zonas grises» de esta actividad.
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