El Ministerio de Defensa ha puesto en marcha la redacción de un nuevo código ético y de conducta para todo el personal implicado en la función de compras, un movimiento que llega en un momento clave: el mayor incremento de inversión militar en décadas y la aceleración de los programas de modernización de las Fuerzas Armadas. La iniciativa, confirmada por fuentes del departamento que dirige Margarita Robles, pretende actualizar los criterios de integridad y transparencia en un área especialmente sensible por el volumen de fondos públicos que gestiona.
Según explican estas fuentes, la Secretaría de Estado de Defensa (Sedef), encabezada por Amparo Valcarce, trabaja ya en un borrador que sustituirá la actual Instrucción 23/2020. El objetivo es adaptar el marco ético “a la experiencia acumulada en los últimos años y al nuevo contexto normativo”, en un momento en el que el gasto en armamento superó los 34.000 millones de euros el pasado ejercicio.
Un impulso inversor bajo la lupa
España se ha comprometido con la OTAN a alcanzar el 2% del PIB en gasto militar, lo que ha acelerado la puesta en marcha de 79 Programas Especiales de Modernización (PEM). Para agilizar estos proyectos, Defensa ha recurrido de forma creciente a procedimientos negociados sin publicidad, una fórmula legal pero opaca que ha generado críticas por su falta de transparencia.
El Ministerio ha defendido en varias respuestas parlamentarias que este tipo de adjudicaciones se justifican por razones de seguridad nacional y por la necesidad de acceder a tecnología altamente especializada. Sin embargo, el volumen de fondos movilizados y la complejidad de los contratos han reabierto el debate sobre la necesidad de reforzar los mecanismos de control.
En este contexto, Valcarce considera imprescindible actualizar el código ético para garantizar que el personal implicado en compras actúe bajo criterios claros, homogéneos y alineados con los estándares actuales de integridad pública, prevención de riesgos y buen gobierno.
Un “instrumento vivo” para blindar la gestión
El nuevo código aspira a convertirse en un “instrumento vivo”, capaz de adaptarse a los cambios normativos y a las exigencias de un entorno en el que la inversión militar crece a gran velocidad. La intención es reforzar la confianza en la gestión de los fondos públicos y promover una cultura ética compartida tanto por el personal del Ministerio como por las empresas que participan en los procesos de compra.
La iniciativa llega además en un momento en el que varios episodios recientes han puesto el foco sobre la necesidad de extremar la vigilancia. A mediados de marzo, una investigación judicial por presunta corrupción en la Agencia de Apoyo y Adquisiciones de la OTAN (NSPA) salpicó a la Fábrica de Municiones de Granada (FMG). Aunque su matriz, el grupo checo CSG, negó cualquier irregularidad, el caso generó inquietud en el sector y afectó a uno de los planes de Defensa para sustituir el misil contracarro Spike, de fabricación israelí, por una versión europea producida por CSG.
Este episodio, aunque ajeno a la estructura interna del Ministerio, ha servido para subrayar la importancia de contar con un marco ético robusto que permita anticipar riesgos reputacionales y garantizar que los procesos de compra se desarrollan con la máxima limpieza.
Transparencia en tiempos de expansión militar
El refuerzo del código ético se interpreta como un intento de blindar la credibilidad del Ministerio en un momento en el que la inversión en defensa se encuentra bajo un escrutinio creciente. La combinación de grandes contratos, procedimientos acelerados y presión internacional para modernizar las capacidades militares exige, según fuentes del departamento, “un marco ético actualizado y exigente”.
El nuevo documento, que verá la luz en los próximos meses, aspira a marcar un antes y un después en la cultura interna del Ministerio, reforzando la transparencia y la responsabilidad en una de las áreas más estratégicas del Estado.
Fuente Servimedia
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