El Consejo de Ministros ha aprobado un aplazamiento de un año en la obligatoriedad del sistema de facturación electrónica Verifactu, una medida que afecta a pymes, autónomos y sociedades en todo el país. Con este cambio, las empresas que tributan en el Impuesto de Sociedades no estarán obligadas a implantar Verifactu hasta el 1 de enero de 2027, mientras que el resto de profesionales y negocios tendrán de plazo hasta el 1 de julio de 2027.
¿Qué es Verifactu y por qué se retrasa?
El sistema Verifactu es una herramienta desarrollada por la Agencia Tributaria que obliga a que los programas de facturación generen un registro inalterable y verificable de cada factura, accesible para Hacienda. Este mecanismo busca prevenir el fraude fiscal, garantizar la transparencia y fomentar la digitalización de los procesos de facturación.
La entrada en vigor estaba prevista para 2026, pero el Gobierno ha decidido retrasarla tras las presiones de pymes y autónomos, que advertían de la falta de preparación técnica y del elevado coste de adaptación. Según datos recientes, más de la mitad de los afectados desconocía cómo implantar el sistema, lo que generaba un riesgo de caos administrativo.
Impacto en las empresas
- Sociedades: deberán cumplir con Verifactu a partir del 1 de enero de 2027.
- Autónomos y pymes: tendrán hasta el 1 de julio de 2027 para adaptarse.
- Excepciones: quedan fuera quienes ya transmiten datos en tiempo real a la AEAT (SII) y los residentes en País Vasco y Navarra.
El sistema no afectará a quienes facturan de manera manual, pero sí a todos los que utilizan software de facturación. La obligación incluye mantener los registros en condiciones de seguridad o enviarlos directamente a la Agencia Tributaria.
Reacciones y contexto político
La decisión responde tanto a la demanda empresarial como a los compromisos adquiridos por el Gobierno con Junts, que había exigido más tiempo para la digitalización de las empresas. El presidente Pedro Sánchez anunció que el real decreto ley aprobado también flexibilizará las inversiones financieramente sostenibles de los ayuntamientos, permitiendo destinar recursos a proyectos como vivienda o gestión del agua sin incumplir la regla de gasto.
Conclusión
El retraso en la implantación de Verifactu supone un respiro para pymes y autónomos, que ganan un año adicional para adaptarse a un sistema que transformará la manera de emitir y registrar facturas en España. Aunque la medida busca facilitar la transición, el Gobierno insiste en que la digitalización es un paso imprescindible para mejorar la competitividad y garantizar la transparencia fiscal.
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