La gestión sanitaria liderada por el presidente Juan Manuel Moreno Bonilla enfrenta uno de sus momentos más delicados. Según el último barómetro del Centro de Estudios Andaluces (Centra), la preocupación de los andaluces por la sanidad pública ha aumentado drásticamente en apenas tres meses, pasando del 11,6% al 21,6%. Este incremento sitúa a la sanidad como el principal problema que afecta a la ciudadanía, superando incluso cuestiones cruciales como el desempleo (12,2%) y el acceso a la vivienda (10%).
Este creciente malestar no es un fenómeno aislado. Se ha intensificado notablemente tras lo que ha sido calificado como el “peor verano sanitario” en la historia reciente, marcado por el cierre del 75% de los centros de salud en horario de tarde, una reducción preocupante en la contratación de personal y una inversión para el año 2024 que se muestra insuficiente. Todo esto ocurre en plena temporada turística, cuando la población en áreas costeras se duplica y, con ella, la presión asistencial sobre los servicios sanitarios.
La encuesta de Centra, realizada entre el 15 de septiembre y el 1 de octubre de este año, no capturó aún el impacto del reciente escándalo relacionado con el cribado del cáncer de mama, que llevó a la dimisión de la exconsejera Rocío Hernández y a la asunción de competencias por parte de Antonio Sanz. Este suceso ha forzado al Parlamento andaluz a convocar un debate monográfico sobre la sanidad, después de un prolongado periodo de bloqueo por parte del presidente de la Cámara, Jesús Aguirre.
Los datos reflejan una evolución alarmante. En diciembre de 2024, solo el 13% de los andaluces consideraba la sanidad como su principal preocupación; sin embargo, en marzo de 2025, esta cifra descendió al 10,9%. A partir de junio, la preocupación comenzó a aumentar nuevamente, alcanzando el 11,6%. Sin embargo, el salto más significativo se ha registrado entre julio y septiembre, coincidiendo con la implementación del plan de verano del Servicio Andaluz de Salud (SAS), que ha sido objeto de críticas tanto de profesionales de la salud como de pacientes.
A pesar de que desde el Partido Popular se sostiene que “nunca se ha invertido tanto”, la percepción ciudadana refleja una realidad muy diferente. La escasez de personal, el aumento de retrasos en las citas médicas, el colapso en las urgencias y la precarización de los servicios han generado una creciente sensación de abandono en toda la comunidad.
La respuesta de la sociedad andaluza no se ha hecho esperar. Cerca de 60.000 ciudadanos han apoyado una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que demanda una mayor inversión en el sistema sanitario público y la eliminación del modelo privatizador que, según sus promotores, está socavando el Sistema Andaluz de Salud. Esta ILP ha sido aceptada por el Censo y trasladada a la Mesa del Parlamento, aunque su debate aún está pendiente.
Los grupos de oposición han intensificado sus críticas, acusando al Gobierno andaluz de incumplir su deber de garantizar una atención sanitaria digna, especialmente en los meses de mayor demanda, como son los meses de verano. La falta de planificación, la escasa contratación de personal y el cierre de centros de salud han dejado a miles de andaluces sin acceso a una atención médica adecuada.
La situación actual presenta un desafío urgente para las instituciones andaluzas. La sanidad pública, que ha sido un pilar fundamental de cohesión social durante años, se encuentra en una encrucijada crítica. La ciudadanía demanda respuestas claras, inversiones efectivas y un cambio de rumbo que priorice su bienestar colectivo por encima de cualquier interés partidista.
Mientras tanto, el deterioro del sistema continúa, y con él, la creciente ansiedad de una sociedad que ve cómo su derecho a la salud se debilita día a día.
