El Gobierno abrirá el mes de septiembre con el compromiso del presidente, Pedro Sánchez, de presentar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2026 en el centro de su hoja de ruta legislativa. El desafío al que se enfrenta La Moncloa es amarrar los apoyos necesarios para aprobar unas nuevas cuentas públicas, ya que Junts y Podemos exigen unas contrapartidas que, antes de empezar las negociaciones, ya desmontan sus números.
Aunque todo el ala socialista del Gobierno mantiene que la intención es presentar unos PGE para 2026, la realidad es que todavía no se ha materializado en hechos y el calendario ya va con retraso respecto a los plazos habituales. Hacienda todavía no ha aprobado la Orden ministerial de elaboración de Presupuestos, algo que el año pasado hizo en junio. Este es el punto de inicio para elaborar las cuentas públicas y para que las distintas carteras trasladen sus necesidades presupuestarias para 2026.
Además, la elaboración de los PGE también exige la aprobación del techo de gasto y de la senda de estabilidad. A pesar de que el Ejecutivo ya está fuera de todo plazo habitual, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, descartó este viernes salirse del itinerario y negó las informaciones que apuntaban a una tramitación conjunta del techo, la senda y el proyecto de presupuestos.
“Esa no es la hoja de ruta que tiene prevista el Ministerio”, garantizó Montero en un acto en Sevilla, al tiempo que recordó que “primero hay que ir al Congreso de los Diputados a aprobar el objetivo de estabilidad, para que el techo de gasto se adecue a esos objetivos de estabilidad”. “Eso tendremos que hacerlo con independencia de que luego se presente el proyecto de presupuestos”, detalló la ministra.
Al margen de todo el circuito presupuestario que ya va fuera de plazo, el Gobierno debe asegurarse también los apoyos parlamentarios. El Ejecutivo está en minoría en el Congreso y es consciente de la dificultad para sacar adelante cualquier ley, incluida las cuentas públicas anuales.En ocasiones anteriores, el Gobierno trató de negociar el texto de los presupuestos con sus socios antes de llevarlo a la Cámara Baja, una estrategia fallida que llevó a la no presentación de las cuentas.
Ahora, con la futura elaboración de los PGE de 2026, con la que el Gobierno pretende acabar con la prórroga presupuestaria de dos años, está por ver en qué orden decidirá negociar con el resto de grupos y si elegirá las conversaciones previas a la presentación del texto o si, por el contrario, cumplirá con llevar el proyecto al Parlamento para después pactar con los socios.
“Mi afán es conseguir que el proyecto de presupuestos se apruebe con el Congreso de los Diputados. Así que participaré de todo aquello que lo permita”, comentó Montero, preguntada por si le gustaría participar de las negociaciones, aunque sin desvelar qué irá primero.
PODEMOS HUELE ELECCIONES
Los grupos parlamentarios consultados por Servimedia optan por la discreción en las conversaciones, aunque el partido que más dificultades está poniendo es Podemos, que sí ha hecho públicas sus desavenencias con el PSOE.
La eventual candidata de Podemos a unas elecciones generales, Irene Montero, remarcó el jueves que su partido no negociará unos Presupuestos que contemplen el incremento del gasto en Defensa por valor de 10.500 millones de euros. Además, exigen la rescisión de todos los contratos de compraventa de armas con Israel y un giro “progresista” en las políticas pública. Otro de los puntos que alejan el entendimiento son los “terribles casos de corrupción” del PSOE.
Incluso en el hipotético caso de que el Gobierno encontrara la tecla para garantizarse el apoyo de Junts, Podemos es una pieza indispensable para la aprobación de los Presupuestos. El voto en contra de sus cuatro diputados provocaría un empate entre bloques, haciéndolos naufragar. Y los morados tienen fácil justificar la caída de los PGE, ya que, con solo votar en contra de la partida de Defensa –los Presupuestos se votan por capítulos de gasto–, tumbaría todo el proyecto y dejaría en vano su siempre ardua tramitación parlamentaria.
Podemos se huele que, tras la promesa de Sánchez, se esconde una “jugada” política. De hecho, su secretaria general, Ione Belarra, ya ha verbalizado en público que cree que el presidente del Gobierno presentará “Presupuestos para perderlos” como en 2018 “para echarle la culpa de un adelanto electoral” a sus socios. Entonces, a ERC; y ahora, a Podemos. La diferencia es que entonces Sánchez acababa de llegar a La Moncloa y ahora lleva dos años consecutivos gobernando sin ni siquiera presentar un proyecto de cuentas públicas.
LAS RELACIONES CON JUNTS
El otro gran escollo del Gobierno es Junts. Las relaciones se han deteriorado con el paso del tiempo y el PSOE ha perdido al que era su interlocutor, Santos Cerdán, encarcelado por su presunta implicación en el ‘caso Koldo’. En los últimos meses, los independentistas catalanes han buscado al PP en numerosas ocasiones para asestar varias derrotas parlamentarias al PSOE. Hace solo unos días, en la Diputación Permanente del Congreso, los secesionistas respaldaron las peticiones de la oposición para que seis ministros comparecieran de forma inmediata.
El líder de Junts, Carles Puigdemont, reunirá a la dirección permanente del partido en Bélgica en los próximos días para trazar la estrategia de cara el nuevo curso político, en el que espera que el Tribunal Constitucional se pronuncie, casi año y medio después, sobre la aplicación de la amnistía al delito de malversación, motivo por el que el gerundense sigue fugado de España.
Pase lo que pase, los independentistas catalanes han advertido de que no se sentarán a negociar con el Gobierno central hasta que traspase 50.000 millones de euros de “deuda pendiente en infraestructuras”. “Primero pagar y después negociar», resumió el vicepresidente y portavoz del partido, Josep Rius, el pasado mes de marzo. Es decir, que sería un primer pago al que le seguirían una batería de exigencias que, por el momento, Junts guarda en secreto.
QUITA DE DEUDA
Hay más sintonía con ERC. Fuentes del partido reconocieron este viernes que están “hablando” con el Gobierno, aunque rechazaron dar cuenta del detalle de las conversaciones. El próximo martes, el Consejo de Ministros aprobará la quita de deuda que ERC y PSOE pactaron en 2023 en el marco de la investidura de Sánchez, y que condonará 17.104 millones de euros a Cataluña. Por otro lado, se ha avanzado en su financiación singular con la futura creación de la Agencia Tributaria de Cataluña, que está previsto que empiece a recaudar el IRPF en 2028. Los republicanos, sin embargo, piden más gestos.
El PNV, por su parte, no tiene “mucho que contar de momento”. Los ‘jeltzales’ llevan pidiendo Presupuestos toda la legislatura para avanzar en la agenda vasca. Su idea es que “el punto de partida” para la negociación sean los avances logrados en las últimas conversaciones presupuestarias.
Bildu irá con “toda la voluntad del mundo” a negociar con el Gobierno, aunque su secretario general, Arnaldo Otegi, reconoció este viernes que no saben a ciencia cierta si Hacienda llegará a presentar un proyecto de Presupuestos. “No tenemos ningún interés en que la derecha y la extrema derecha gobiernen el Estado español. La política exige prioridades […] y vamos a ser muy coherentes”, dijo.
