Nuevo depósito judicial de vehículos de Málaga, ubicado en el término municipal de Almargen y el cuarto de carácter público en Andalucía. Nieto ha recordado que tres de ellos han sido puestos en marcha por el Gobierno de Juanma Moreno, ya que hasta 2019 «solo teníamos uno legalmente contratado en la provincia de Sevilla inaugurado en 2010 y que daba servicio a Málaga». Unas instalaciones muy demandadas, ya que «Málaga es, junto con Sevilla, la provincia donde más vehículos se incautan, muchos de ellos de alta gama además de las narcolanchas».
Se trata de un servicio adjudicado por concurso público por casi 700.000 euros para 24 meses prorrogables. Una fórmula que garantiza una gestión eficiente, transparente y legal frente al la inseguridad jurídica y los sobrecostes que provocaba el anterior modelo basado en acuerdos con empresas privadas.
Nieto ha explicado que este tipo de infraestructuras son necesarias para garantizar que los vehículos incautados «no se deterioren y estén seguros». Por eso, en 2019 se creó un depósito en Mengíbar para dar servicio a las provincias de Jaén, Granada y Almería. Posteriormente, se puso en marcha otro para cubrir la zona del Campo de Gibraltar y desde septiembre está en marcha el de Málaga, con capacidad para 600 vehículos y más de 11.000 metros cuadrados.
Depósito judicial en Málaga
Actualmente, custodia 275 vehículos por orden judicial, de los que más de un centenar han sido trasladados del depósito de Sevilla. Las instalaciones cuentan con un amplio sistema de seguridad con cámaras de vigilancia en todo el recinto.
El volumen de vehículos que hay que gestionar es un «problema para todas las administraciones con competencias en Justicia». Por ello, ha dicho el consejero, requiere de una puesta en común y un trabajo conjunto con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, que requisa el vehículo, la autoridad judicial que es la que atiene que decretar el depósito y la decisión que se debe adoptar». Por ello, «tenemos que trabajar en una gestión más eficiente de los vehículos y demás bienes que se incautan» y ha confiado en que, próximamente, exista un protocolo estatal para homogeneizar la gestión de estos depósitos judiciales.
El consejero se ha referido también a las narcolanchas que, aunque son competencia de la Agencia Tributaria a través de los Puertos, la Junta ha asumido encargarse de ellas siempre que exista un auto judicial que ordene su depósito o destrucción. Ha recordado que «no se pueden destinar a otro uso», ya que son ilegales, por lo que «procuramos, en cuanto la autoridad judicial lo permite, su destrucción en el menor tiempo posible».
Actualmente, el depósito de Málaga custodia cinco narcolanchas (y otras dos embarcaciones menores) y el de Sevilla, tres más. Estos servicios no pueden hacerse cargo de custodiar las narcolanchas incautadas en operaciones policiales si no existe un auto judicial que lo ordene.
Nieto ha estado acompañado por la viceconsejera, Ana Corredera; la directora general de Planificación, Modernización y Gestión de Fondos, Carmen Navarro; la delegada territorial de Justicia, Teresa Pardo; la alcaldesa de Almargen, María del Carmen Romero, y las autoridades judiciales con la jueza decana de Málaga, Cristina Hurtado de Mendoza, a la cabeza.
