La dependencia un derecho pendiente. 18 años/18 datos

El 14 de diciembre de 2006 se aprobaba la Ley 19/2006 de Atención a la dependencia y de promoción de la autonomía personal. 18 años después, a pesar del avance que ha supuesto esta Ley, una de las políticas de Estado de mayor consenso, su potencial sigue sin desarrollar.

Los procedimientos burocráticos, las ridículas cuantías de las prestaciones, junto la baja intensidad de los servicios y la imposibilidad de compatibilidad hacen un Sistema Low Cost que poco eficaz para atender las necesidades de las personas en situación de dependencia. A lo que hay que añadir la deficiente financiación y las desigualdades territoriales en su desarrollo. Por ello, ante de los anuncios de aprobar una nueva Ley, consideramos de justicia que se cumpla la aprobada hace 18 años. 18 datos ofrecen una radiografía de la Ley, tras sus 18 años de aplicación:

Estos datos y los que mostramos a continuación en los gráficos anexos, permiten ofrecer las siguientes conclusiones, en el año que se cumple la mayoría de edad de la Ley:

1. El número de personas demandantes, de personas reconocidas por su situación de dependencia, así como el de personas atendidas, registra un incremento sostenido año a año, con dos excepciones: el periodo 2012 a 2014, años de gravísimos recortes en la financiación del Sistema, y 2020, por el impacto de la pandemia de covid19. El resultado es que en torno al 3,4% de la población española requiere apoyos para realizar sus necesidades básicas de la vida diaria.
2. Casi un año (330 días) es el tiempo de tramitación de un expediente de la dependencia, aunque en 6 Comunidades este plazo es superior al año. A los que hay que añadir el tiempo que se tarda en hacer efectiva la prestación o servicio concedido.
3. Desde 2015, cuando se incorporaron al Sistema las personas con Grado I reconocido, se registra una reducción sostenida de las listas de espera (limbo de la dependencia). No obstante, este limbo aún supera el 13% en el conjunto del Estado, con más de 131.000 personas
4. En los tres últimos años (2021, 2022 y 2023) se reduce de manera importante la diferencia en los porcentajes de financiación del Sistema entre la AGE y las CA.AA gracias al Plan de Choque, aunque aun no se ha alcanzado el objetivo de igualar al 50% estos porcentajes
5. Resulta muy preocupante que cada vez se reduzca más el gasto por persona atendida, de manera que si en el año 2010 ascendía a 8.145 €, 14 años después, en 2024, a pesar del incremento de costes (IPC) de los servicios, esta cuantía se ha reducido a 5.982 € (-26,6%). Lo cual evidencia que la reducción de la lista de espera (limbo) y el incremento de personas atendidas se está llevando a cabo a costa de reducir las cuantías de las prestaciones o de apostar por servicios low cost.
6. La capacidad de generación de empleo del Sistema se estabiliza en torno a los 40 empleos por cada millón de euros invertidos, y la tasa de retorno -dinero que revierte a las Administraciones a través de impuestos o cotizaciones de la Seguridad Social- supera el 40%.

El Gobierno de España y los Gobiernos Autonómicos deben acometer reformas que agilicen los trámites. Es necesario simplificar los procedimientos y aplicar medidas de suspensión y flexibilidad del servicio o prestación sin necesidad de resolución de un nuevo procedimiento.

Manifestamos nuestro pesar por no haber podido presentar en el Congreso de los Diputados este informe elaborado con motivo de la mayoría de edad de la Ley, al denegarnos una sala. Desde hace 30 años venimos haciendo seguimiento y contribuyendo a la implementación de los Servicios Sociales, y somos sistemáticamente marginados por gobernantes que no toleran la fiscalización de la sociedad civil a la impericia de su gestión.