‘Por Andalucía’ denuncia “fraude de Ley” en la creación de dos universidades privadas por acogerse “a un marco jurídico derogado y menos exigente”. La portavoz adjunta del grupo parlamentario Por Andalucía, Esperanza Gómez, ha elevado al Pleno del Parlamento dos enmiendas a la totalidad de la aprobación de dos universidades privadas por desarrollarse “conforme a leyes derogadas que exigen menores garantías jurídicas y más bajas exigencias docentes y académicas para iniciar su labor”.
Según Esperanza Gómez, también presidenta de Más País Andalucía, se comete “un fraude de Ley dándole el visto bueno a dos universidades privadas conforme a normas derogadas por ser estas más laxas respecto a las condiciones, requisitos y prerrogativas que exigen para iniciar la actividad académica”.
Esta aprobación, añade Gómez, se realiza “contraviniendo informes de los órganos consultivos que son preceptivos y con conocimiento de un marco menos extemporáneo y adaptado a las necesidades de hoy, por lo que estamos ante un ejercicio de trilerismo jurídico que repercutirá negativamente en la educación que reciban los alumnos y alumnas que accedan a esos centros”.
Y es que, según detalla, respecto a la Universidad CEU Fernando III, el artículo 5.1 del RD 640/2021 de 27 de julio, especifica que para iniciar su actividad docente una Universidad privada debe ofertar 10 títulos oficiales de grado, 6 de máster y 2 programas de doctorado, siendo la oferta descrita por tal Universidad tan sólo de 7 grados y 5 másteres.
Por su lado, la Universidad Tecnológica Atlántico Mediterráneo, UTAMED, tampoco cumple con esta prerrogativa básica de la Ley al impartir tan sólo 6 títulos oficiales de grado, 7 títulos oficiales de máster y tan sólo 1 programa oficial de doctorado.
El “trampantojo jurídico” denunciado por Esperanza Gómez y que afecta a ambos proyectos consiste en que la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación se remite a la fecha de inicio de la solicitud por parte de las entidades privadas, abril de 2020 y mayo de 2019 respectivamente, para eludir la “legislación vigente” y ampararse “contra Ley” en legislación de 2015, mucho menos exigente respecto a requisitos académicos y garantías jurídicas.
Este proceder “obvia que la legislación vigente hace clara referencia a que incluso las Universidades o centros ya autorizados anteriormente también deben actualizar sus condiciones a los requisitos que el RD 640/2021 ya introdujo hace más de dos años, por lo que remitir a normas de 2015 es todo un fraude de Ley”.
Del mismo modo, la Fernando III tampoco cumple con otras prerrogativas de peso como el compromiso de poner en marcha sistemas internos de calidad o el de someterse a los mecanismos de supervisión y control de las exigencias de la legislación actual.
En cuanto a la UTAMED también incumple la exigencia legal de destinar un 5% de su presupuesto a programas propios de investigación aunque se aporta planificación plurianual de actividad investigadora y de transferencia de conocimiento con un 2,5% de aportación presupuestaria.
