El Tribunal Constitucional ha concluido el Pleno de este jueves aplazando hasta el próximo lunes el debate sobre la reforma del Gobierno que afecta al Consejo General del Poder Judicial y que tendrá consecuencias sobre las reglas de renovación del propio tribunal de garantías.
El debate se centraba en el recurso de amparo presentado por el PP que había solicitado la adopción de medidas cautelarísimas para paralizar la aprobación de una reforma del Poder Judicial en el Congreso que se iba a someter a votación esta tarde, una situación totalmente inédita en el período democrático.
La solicitud había motivado la presentación de diversos escritos por parte del PSOE y de Unidas Podemos que añadía complejidad al asunto y generaba problemas sobre la legitimidad de los miembros del TC.
En concreto, Unidas Podemos había planteado la recusación del presidente del TC, Pedro González Trevijano, y del magistrado Antonio Narváez, ambos con su mandato caducado y que, por tanto, tendrían “interés” personal en la causa.
La reunión, que comenzó con tres horas de retraso después de que varios magistrados pidieran tiempo para estudiar estas alegaciones, concluyó en algo más de una hora, tras constatar que la situación es muy compleja y que los miembros del TC necesitan tiempo para estudiar todos los escritos.
Los magistrados progresistas Juan Antonio Xiol Ríos, Cándido Conde-Pumpido Tourón, María Luisa Balaguer Callejón, Ramón Sáez Valcárcel e Inmaculada Montalbán Huertas suscribieron este mismo jueves un escrito en el que solicitaban el aplazamiento del Pleno “por el tiempo indispensable que nos permita el estudio completo del asunto, a la vista del volumen de la documentación aportada, de la complejidad de la cuestión que plantea el recurso y la relevancia de la decisión, y de los escritos que han sido presentados a lo largo de esta mañana”. Y advertían que el estudio de la documentación “nos imposibilita, en consecuencia poder participar en la deliberación y votación”.
Progresistas y conservadores del TC mantuvieron una tensa reunión que comenzó tres horas más tarde del momento previsto. Las posturas son diametralmente opuestas. Mientras que el ponente, Enrique Arnaldo, defiende la adopción de la medida cautelarísima que pide el PP y que paralizaría la votación de la norma en el Congreso, otros magistrados defienden que la imposibilidad de adoptar una decisión así, cuando la norma ni siquiera está aprobada.
La recusación planteada por Unidas Podemos se basa en la idea de que Trevijano y Narváez tienen «interés directo o indirecto» en la causa puesto que tienen su mandato caducado en caso de prosperar la reforma que se vota esta tarde en el Congreso serán sustituidos de forma inmediata.
Además, el PSOE también ha presentado un escrito en el que pide personarse en la causa abierta a partir del recurso de amparo del PP con el objetivo de comparecer ante el TC y poder presentar alegaciones antes de que el tribunal de garantías tome ninguna decisión.
Fuentes del TC se muestran molestas por la celeridad con la que ha convocado el Pleno para tratar este asunto. Señalan, además, que su análisis debería corresponder a la Sala Segunda, que cuenta con mayoría progresista.
Además, el ponente del asunto es Enrique Arnaldo, que fue nombrado en noviembre del 2021 a propuesta del PP, que hizo oídos sordos a la polémica que desató su designación por su vínculo con la fundación FAES de José María Aznar. Salió elegido en virtud de un acuerdo entre el Gobierno y el PP, pero obtuvo una decena de votos menos de los que debería haber tenido y varios grupos abandonaron el Congreso en esa votación como protesta.
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