- El Sindicato de Inquilinos afirma que los socios de investidura se han “comprometido”, aunque los grupos lo niegan
ERC, Bildu, y Más País no se plantean apoyar la Ley de Vivienda, actualmente en trámite parlamentario en el Congreso, si la parte socialista del Gobierno no acepta las enmiendas relativas a la regulación de los alquileres y las alternativas habitacionales en los desahucios propuestas por organizaciones como el Sindicato de Inquilinos de Madrid, que afirma que los socios de investidura se “han comprometido” a rechazar la norma si no se incorporan las propuestas, algo que niegan los grupos parlamentarios.
Así lo indicaron fuentes parlamentarias de Bildu, Más País y BNG consultadas por Servimedia sobre la negociación de la Ley de Vivienda, que el Gobierno se comprometió a aprobar antes de finalizar el mes de septiembre.
Desde la formación independentista vasca, señalaron que su compromiso es negociar “para que salga una ley que garantice el acceso a una vivienda digna a todo el mundo y poner fin a los desahucios sin alternativa habitacional” y no se plantean “ningún otro escenario” que no sea que la norma incluya esas cuestiones.
Para Bildu es “difícil” que la ley quede como acordó el Gobierno en marzo, ya que “necesitan apoyos para sumar mayoría” y, por tanto, “tendrán que aceptar las cuestiones que les planteamos”.
Desde el partido liderado por Íñigo Errejón afirmaron que su posición es “clara” porque “o la ley incorpora el control de precios de alquileres y la paralización de los desahucios más alternativa habitacional para la gente vulnerable o no podremos apoyar la ley”.
Por su parte, el portavoz del grupo parlamentario Republicano, Gabriel Rufián, fue más explícito esta semana en rueda de prensa al indicar que son “dos requisitos bastante comprensibles” y que es un “compromiso” adquirido, en su caso, con el Sindicat de Llogateres. “Me consta los movimientos las discrepancias que hay dentro de la coalición que no son tanto sobre el contenido de la ley sino sobre los tiempos”, señaló.
Además, fuentes consultadas por Servimedia del BNG, negaron el compromiso a rechazar el texto si no incluye las enmiendas del Sindicato de Inquilinos afirmando que sí se han “comprometido a seguir trabajando con ambición para que el texto mejore” pues entienden que “existe margen para avanzar”.
Así, aseguraron que el PSOE “tiene que moverse y aceptar las propuestas que presentamos”, en especial “en relación con la existencia de una verdadera política de vivienda pública, tanto en venta como en alquiler”.
Por otro lado, fuentes de Compromís señalaron que, aunque apoyan al Sindicato de Inquilinos y sus reclamaciones, dependerá de cómo se “transaccionen las enmiendas” y de “cómo quede la negociación”.
Estas posiciones de los grupos responden a la afirmación realizada en declaraciones a Servimedia por el portavoz del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid, Pablo Martínez, quien señaló que “ERC, Bildu, Más País, Compromís y el BNG apoyan directamente nuestras enmiendas y se han comprometido a no votar esta ley en el caso de que el PSOE no vote nuestras enmiendas” después de haberse reunido con ellos esta semana.
El portavoz, que compareció en el Congreso durante su trámite el pasado mes de abril, reclamó que la aprobación de esta ley supone un “escenario distinto” al vivido, por ejemplo, con la reforma laboral, ya que este texto “no lo puede aprobar con Ciudadanos, necesita a sus socios de investidura”.
PRESIÓN A UNIDAS PODEMOS
Unidas Podemos (UP) sigue negociando, de momento, con el PSOE el texto en el Congreso. Su pretensión de extender el tope al precio del alquiler en zonas tensionadas a los pisos que arrienden pequeños propietarios es la principal diferencia para llegar a un acuerdo, algo que, además, desde UP marcaron como prerrequisito para acordar los Presupuestos Generales del Estado (PGE).
Desde el Sindicato de Inquilinos, Martínez presionó al socio minoritario del Ejecutivo apuntando que en la reunión que mantuvieron “no fueron del todo claros” con el sentido de su voto y aseveró que aprobar la ley sin sus reclamaciones “les va a señalar como un partido que en el último momento ha cedido”. Además, subrayó que “haga lo que haga, mientras ERC y Bildu nos apoyen, los números no dan».
REUNIÓN CON EL GOBIERNO
Tras irrumpir en un acto de la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez hace dos semanas, el Sindicato de Inquilinos consiguió la semana pasada una reunión con el secretario general de Agenda Urbana y Vivienda, David Lucas. Según Martínez, la diferencia en el tema de los desahucios es que el Sindicato propone prohibirlos a no ser que «haya una alternativa habitacional” mientras que el PSOE propone una mediación.
En cuanto a la regulación de los alquileres, el Sindicato denuncia que con uno de los dos requisitos del Gobierno para declarar ‘zona tensionada’ y poder regular los precios “ninguna ciudad podría regular”, ya que la subida del precio del alquiler tiene que superar en cinco puntos porcentuales el IPC, que ahora se encuentra en niveles máximos en décadas.
Según Martínez, el otro requisito, que las familias dediquen un 30% de su renta a pagar el alquiler sería “suficiente”, aunque en su comparecencia en el Congreso indicó que “a nivel municipal no hay datos para poder hacerlo”.
Asimismo, el otro “gran escollo” es el de ampliar la regulación de los alquileres a los pequeños propietarios, en línea con lo que está negociando Unidas Podemos. “Nos da igual cuántas viviendas tenga el propietario, sino lo que haga con ellas, pues si pone precios abusivos, habrá que obligarle a poner los precios a los que se estipule en el área tensionada”, explicó. Según Martínez, el PSOE pone “excusas” y afirma que caerá la oferta de alquiler.
(SERVIMEDIA)
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