Se trata del Fiscal Jefe del Ejército de Ocupación que en Julio de 1936 se sublevó contra el gobierno legítimo de la Segunda República Española, y elaboró un pormenorizado plan de depuración de los elementos republicanos a los que a su vez tildó de rebeldes según su genuina interpretación de las normas jurídicas.
Felipe Acedo había nacido en Palma de Mallorca en 1896 y falleció en Madrid en 1969. Su padre, oriundo de un pueblo de la provincia de Zamora, fue un militar del arma de Caballería en la que había ingresado como soldado raso llegando a alcanzar el empleo de capitán. Su hijo, en cambio, estudió la carrera de Derecho en alguna universidad castellana y opositó al Cuerpo Jurídico Militar en el que ingresó en 1917 con 21 años para acceder casi enseguida al arma de aviación como piloto de guerra siendo destinado a África en donde realizó su bautismo de fuego, poco arriesgado dada la carencia de los rifeños, en donde cosechó sus primeros honores y condecoraciones. Llama la atención la parquedad de anotaciones que aparecen en la hoja de servicios de nuestro personaje que en 1928 descubrimos adscrito al aeródromo de Tablada en Sevilla en su doble cualidad de miembro del Cuerpo Jurídico Militar y aviador.
En Agosto de 1932 participó en la rebelión del General Sanjurjo contra la República debiendo sufrir en consecuencia prisión provisional hasta el sobreseimiento de su proceso. En 1934 fue adscrito a la Auditoria que se creó para el Ejército de Operaciones de Asturias a fin de doblegar a los mineros turbulentos y en donde se incoaron más de mil procedimientos, de los que solo se sobreseyeron unos doscientos, entre los que destaca el del dirigente socialista Ramón González Peña que debió ser indultado por el presidente de la República de la pena de muerte solicitada por Acedo que defendió como suya la idea de que la revolución era un crimen.
Al iniciarse la rebelión militar, en 1936, lo encontramos en la provincia de Cádiz a donde había pasado desde Gibraltar. Según manifestaciones propias asistió a los Consejos de Guerra de Oficiales Generales que se celebraron en Huelva, Jerez, Cádiz, Sevilla, Córdoba y Badajoz, “cuyo número no puedo precisar”, en los que esgrimió la acusación de rebelión militar y pena de muerte a todos aquellos que se habían limitado a cumplir con su deber de lealtad al Gobierno legítimo. En Noviembre fue nombrado Fiscal Jefe del Ejército de Ocupación.
Siempre en la sombra, su trayectoria es difícil de aclarar hasta que en enero de 1939 presenta una memoria, “perdida” en el Archivo del Tribunal Militar Territorial Segundo de Sevilla, en la que condensa y justifica la labor desempeñada por los Consejos de Guerra con el objetivo de instruir en la administración de “justicia” a los futuros fiscales. Manifiesta desde el comienzo que esta labor es necesaria para limpiar la escoria republicana en una hoguera para la que reclamó la vuelta de los tribunales de la Santa Inquisición. Declara ineficaz el principio jurídico que asegura que no puede haber pena sin una ley previa, asegurándose para sí la definición de delito y su necesario castigo, de la misma forma que elimina la pretensión de que la duda beneficie al acusado porque “el estado no está para tutelar malhechores”. De esta forma a la casi totalidad del país podía acusársele de rebelión militar, adhesión a la rebelión, auxilio a la rebelión e inducción a la rebelión, haciendo hincapié en la necesidad de castigar la ideología antes que el delito y en ausencia de éste.
Con esta farsa jurídica, los tribunales militares y especiales franquistas comenzaron la eliminación de los altos mandos militares, con tal celeridad que muchos de ellos ya estaban eliminados cuando se instruyó el proceso. El fiscal militar exponía los preámbulos y solicitaba la pena capital en el tribunal militar, en donde el defensor, de una categoría jerárquica inferior (y a veces profano en la materia), lo admitía sin reparos.
Se eliminaron rápidamente las autoridades civiles de los núcleos que se iban liberando, y a todos los elementos adscritos a los partidos de izquierda y a los funcionarios destacados al servicio de la república, amén de todos los milicianos rojos. La depuración alcanzó rápidamente al estamento de la enseñanza, la Universidad, la Institución Libre de Enseñanza, la Residencia de Estudiantes, a los maestros y a los funcionarios en general. El exceso de celo se propuso la eliminación de los interventores de los partidos del frente popular de las elecciones de febrero del 36 e incluso de sus familias, “determinándose en el juicio oral su condena o absolución por la impresión que la cara de los procesados produjera en el tribunal”, debiendo refrenarse, eventualmente, ante el evidente peligro de restringir en exceso la mano de obra. La devastadora represión física, política, económica y jurídica constituyó un auténtico exterminio del enemigo interior al que nunca consideró un ejército sino una banda de malhechores.
Cabe destacar el juicio al Presidente de las Cortes Republicanas Julián Besteiro, el 29 de marzo de 1939, en el que tras aceptar su honradez personal solicitó la pena de muerte “por haber promovido un socialismo moderado”, pena que el propio tribunal rechazó de forma excepcional, en esta ocasión, para transmutarla en cadena perpetua y posteriormente en 30 años de prisión.
En 1940 es Jefe de la Asesoría Jurídica del nuevo Ministerio del Aire y Profesor de la Academia Jurídica Militar y en 1942 alcanza la categoría de General de Brigada. Representó al Ministerio del Aire en diversos actos nacionales e internacionales y en los protocolos iniciales de los acuerdos del convenio aéreo con EEUU en 1945, tras lo cual pasa a la vida civil más relajada y ventajosa económicamente como delegado en la Compañía Telefónica Nacional de España. Vuelve a visitar Olvera en la provincia de Cádiz, un lugar de descanso, en el que era hijo adoptivo, y de donde al parecer era oriunda su mujer y debía tener intereses económicos.
Pero poco después, en 1951, Franco le nombra Gobernador Civil de Barcelona en donde pese a las tensiones del cargo tiene tiempo para escribir un panegírico sobre Calvo Sotelo y el Régimen, que suma a una obra anterior “El alma de la aviación española” que escribiera en 1928. En 1960 es cesado y vuelto a nombrar delegado en la telefónica y al año siguiente procurador en Cortes y consejero Nacional de la FET y de la JONS. Abrumado por los reconocimientos y lleno de medallas pide su pase a la reserva en 1964, para fallecer, al año siguiente, en 1965 a los sesenta y nueve años de edad.
Su figura debe de recordarse por ser el artífice de la “solución final” o represión inmoral, llevada a cabo contra los elementos republicanos legales a los que tachó, sin inmutarse, de rebeldes carentes de derechos, diezmándolos en aras de unos cuestionables valores eternos e inmarcesibles, y como el último inquisidor español equivalente a los perseguidores de herejes del superado Santo Oficio.
Jesús Lobillo Ríos
Presidente del Ateneo Libre de Benalmádena
“benaltertulias.blogspot.com”
Bibliografía
- Espinosa, G. Portilla y A. Viñas.-“Castigar a los rojos. Acedo Colunga el gran arquitecto de la represión franquista”. Editorial Crítica. 2022.
Carlos Lázaro Ávila.-Real Academia de la Historia
