El partido ecologista Verdes EQUO, con la intermediación de su grupo en el Parlamento europeo, European Greens, ha presentado una pregunta para saber la conveniencia del aumento de las hectáreas de regadío que propone el Gobierno de la Junta de Andalucía, y que no tienen garantizado el suministro de agua.
“El proyecto de ley de la Junta es un despropósito, declara Mar González, coportavoz del partido verde en Andalucía, que no tiene en cuenta el enorme valor ecológico de Doñana, reconocido por las múltiples figuras de protección que ostenta, y que avanza en la estrategia de destrucción del entorno que ha emprendido el Gobierno de la Junta. Estamos obligados a defender los recursos naturales andaluces por lo que suponen de garantía de futuro para todos”.
Los verdes europeos afirman que se debe tener en cuenta la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo, que condenó a España por no proteger a Doñana del expolio del agua, además de la declaración de situación excepcional por sequía en el 80% del territorio de la cuenca y una disponibilidad actual menor del 14%, destinándose el 87% del mismo al regadío.
Por ello, desde el partido verde español, se ha instado la pregunta para saber si deben declararse regables nuevas hectáreas de suelo, sin tener garantizada la disponibilidad del recurso hídrico y la recuperación del buen estado de las masas de agua subterráneas que componen el acuífero de Doñana. Sabiendo asimismo que las infraestructuras para transferir recursos hídricos a la Demarcación del Guadalquivir, aprobadas en 2018 por el gobierno central, están sin ejecutar, por lo que cabe preguntarse si sostendrán la ampliación de las nuevas zonas regables en el entorno de Doñana previsto en la propuesta de ley autonómica.
Verdes EQUO, a través de su grupo parlamentario en el Congreso de los Diputados, llevó la semana pasada una PNL en la que insta a la protección de Doñana y a incrementar los recursos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, dependiente del ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, para que pueda cumplir con sus competencias de control de los recursos hídricos así como las tareas de inspección y llevar a cabo las medidas necesarias para detener la sobreexplotación de los acuíferos, incluyendo el cierre de todas las captaciones ilegales.
