La mitad de víctimas de abuso sexual en España son menores de edad, según el último estudio de Save the Children. Los abusos comienzan normalmente a los 11 años de edad y en 8 de cada 10 casos, lo perpetran personas del entorno de la víctima.
El director general de Save the Children, Andrés Conde, ha expuesto en un vídeo el estudio realizado por la compañía, «Los abusos sexuales hacia la infancia en España», sobre la gravedad de los abusos que sufren los niños, así como todo el proceso judicial que soportan.
En un vídeo subido a la web de la ONG, Conde afirma que «esto es solo la punta del iceberg» y que la mayoría de los abusos que tienen a un niño como víctima «jamás llegan a oídos de la policía».
Asegura que la organización ha estudiado 432 sentencias judiciales por abusos sexuales entre 2019 y 2020. «En nuestro país, los abusos sexuales empiezan a una edad muy temprana: a los 11 años. Y en una enorme mayoría de las ocasiones son perpetradas por personas del círculo de confianza de la víctima».
En el documento de la entidad se expone que, en 2017, entre un 10 y un 20% de la población de España había sufrido abusos alguna vez en su vida.
Asimismo, el perfil de la víctima es de una media de 11 años de edad, siendo el 78,9% de los abusos a niñas y adolescentes. Alrededor del 84% de abusadores son conocidos de la víctima, destacando con un 49,5% el propio entorno familiar.
El ámbito jurídico, objetivo de cambio
En cuanto al proceso judicial, el documento detalla que las denuncias las protagonizan habitualmente la víctima (33,8%) y su madre (28%). En 2017, el tiempo medio de resolución de un caso era de tres años, mientras que ahora ha mejorado y son dos. No obstante, la organización señala que los niños y niñas declaran una media de cuatro veces en juicios, rememorando constantemente los hechos y llegando a perjudicar sus versiones con contradicciones.
La entidad ha exigido, por tanto, una remodelación de la estructura judicial que lleva estos casos pidiendo especialización sobre la violencia contra la infancia, la creación de una Fiscalía específica para estos delitos, garantizar la especialización de los equipos técnicos que acuden que asisten a los órganos judiciales y preconstruir la declaración de la víctima en un entorno amigable y con personal especializado.
