La Fiscalía Anticorrupción ha pedido imputar a la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre y al exconsejero de Sanidad Juan José Güemes por reducir de manera ilegal 135 camas del Hospital Puerta de Hierro de Madrid, que desembocó en la pérdida de 10 millones de euros públicos.
Fuentes fiscales confirmaron a Servimedia la presentación del escrito, adelantado por ‘ABC’, ante el juzgado de Instrucción número 53 de Madrid que investiga la reducción de esas camas en el hospital madrileño como consecuencia de una querella de la Fiscalía presentada a finales de pasado año.
Anticorrupción se querelló contra la que fuera directora de Planificación y Equipamientos Sanitarios de la Comunidad de Madrid entre los años 2008 y 2011, Elena de Mingo, por presuntas irregularidades en la construcción y explotación del hospital Puerta de Hierro de Majadahonda.
Según la querella, el ministerio público concluye que existen indicios de que «prescindiendo del más mínimo procedimiento administrativo de modificación de contratos previsto en la legislación vigente y en el pliego de cláusulas administrativas, se modificó de facto» el contrato de concesión de obra para la construcción del centro sanitario.
Como consecuencia de esta gestión, la Comunidad de Madrid pagó “mayores costes” por servicios que nunca se prestaron, produciendo un perjuicio que la Fiscalía valora en más de 10 millones de euros. Las obras se adjudicaron a un grupo de empresas formada por Dragados S.A., Bovis Lend Lease S.A. y SUFI, en el año 2005. Esa agrupación empresarial tenía personalidad jurídica propia al constituir la sociedad Hospital Majadahonda S.A.
Durante la ejecución del proyecto, las 135 habitaciones dobles que estaban previstas pasaron a ser individuales en virtud de una decisión que adolece, según Anticorrupción, de una “ilegalidad radical” que además se adoptó “eludiendo cualquier procedimiento administrativo».
