El secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, destacó que la lista de espera para la valoración del grado de dependencia se redujo un 8% entre septiembre de 2020 y septiembre de 2021, mientras que las prestaciones concedidas se incrementaron un 6% durante el mismo periodo de tiempo.
Lo hizo durante su comparecencia ante la Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad en la que presentó las partidas presupuestarias vinculadas a su negociado en el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE).
Nacho Álvarez comenzó su intervención reivindicando que, transcurrido un año desde el estallido de la pandemia, se puede atestiguar que “el Gobierno de coalición acertó con la respuesta dada a la crisis sanitaria, económica y social”, lo cual “ha permitido una salida más rápida” que a la crisis de hace una década.
A pesar de ello, evitó caer en la complacencia y reafirmó el compromiso del Gobierno de acometer “políticas ambiciosas” que permitan “convertir el escudo social en nuevos derechos sociales en lo que resta de legislatura”.
El secretario de Estado defendió que los PGE para el año 2022 “abren una segunda etapa de la legislatura” basada en la “recuperación”, como lo pone de manifiesto la futura ley de vivienda, el mejor diseño del Ingreso Mínimo Vital (IMV), la reforma de las pensiones o las políticas de infancia y juventud.
En ese sentido, explicó que su departamento manejará el año próximo una partida presupuestaria de 3.500 millones de euros, un 21% más que en 2021, los cuales se asentarán sobre una serie de ejes. El primero, el Plan de Choque en Dependencia, acordado con las comunidades autónomas, que contará con una asignación de 600 millones, repartidos de la siguiente manera: cuantías de nivel mínimo (400 millones) y cuantías de nivel acordado (200 millones).
Otros ejes son el refuerzo de los servicios sociales, que conocerán un incremento presupuestario de 15 millones, lo que permitirá “revertir completamente los recortes de una década en términos reales; el refuerzo de los servicios sociales en materia de infancia (25 millones) para aplicar adecuadamente la ley de protección a la infancia; el incremento en 500.000 euros para la financiación del plan de desarrollo gitano (el plan nacional sobre esta cuestión se remitirá próximamente al Parlamento); la financiación para que las comunidades puedan tratar a los menores migrantes no acompañados (35 millones); el plan contra la pobreza en Canarias (30 millones); y los proyectos con cargo al plan de recuperación de la UE (1.000 millones).
Nacho Álvarez hizo un aparte en clave de dependencia, para confirmar que, entre septiembre de 2020 y septiembre de 2021, se ha reducido en un 8% la lista de espera para la valoración del grado de dependencia, y el incremento en un 6% de las prestaciones concedidas (6.000 personas).
Añadió que, de los 3.500 millones de euros asignados a su departamento, alrededor de 3.000 (el 88%) corresponden a transferencias al Imserso con cargo a la financiación del sistema de dependencia.
Reconoció que “sigue alcanzarse el umbral” marcado en la ley en lo referente al reparto correspondiente al Estado y las comunidades, a pesar de lo cual “se ha duplicado el aporte” estatal a los territorios. Por último, cifró en 230 millones la inversión destinada a las políticas de reforzamiento de los servicios sociales, 330 millones a la financiación al Tercer Sector, 50 millones al Instituto de la Juventud (Injuve) y 15 millones a políticas de discapacidad.
