El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, señaló este miércoles que “el grueso” de la formación que se asociará a los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) en la nueva prórroga será financiada con fondos públicos y no por parte de las empresas.
En una entrevista en TV3 recogida por Servimedia, el ministro señaló que “nuestra posición es que el grueso de la formación la paguemos nosotros”, al tiempo que puntualizó que las empresas están teniendo exoneraciones de cuota en los ERTE “de una forma importante”.
Escrivá expuso que presentar un plan de formación “acordado y riguroso” será un requisito en la nueva prórroga. “Tiene todo el sentido en el punto en el que estamos”, dijo el ministro, para añadir que estos ERTE ligados a formación tienen que ser “un piloto” para el modelo de ERTE estructural que el Gobierno va a implantar.
Escrivá justificó que hay un porcentaje de trabajadores “difícil de saber” que va a necesitar recualificarse para acceder a un puesto de trabajo dentro de la misma empresa o en otro sector.
Respecto al procedimiento de los nuevos ERTE, que ya no se renovarían automáticamente, sino que habría que solicitarlos nuevamente y recibir la aprobación de la autoridad laboral sin que valga el silencio administrativo, el ministro dijo que este procedimiento todavía no está cerrado y que “lo más importante no es eso, sino tener una decisión activa de solicitar el ERTE y presentar ese plan de formación que tiene que ser evaluado por la autoridad laboral, que es autonómica”.
Reuniones con sindicatos
Según lo trasladado por UGT después de la reunión de ayer, martes, sobre los ERTE, la autoridad laboral tendría 10 días para pronunciarse sobre la solicitud del expediente. Escrivá señaló que “estamos abiertos a discutir siempre aquellos plazos que sean razonables” y aclaró que mientras se resuelve el ERTE, los trabajadores “no tienen que preocuparse” porque si están en expedientes a 30 de septiembre “va a cualificar” como tal.
El ministro también señaló que es “muy difícil” saber cuáles se renovarán y cuáles no e indicó que uno de cada tres trabajadores suspendidos pertenece a empresas que no se encuadran en los sectores ‘ultraprotegidos’ y no reciben exoneraciones. “Esto puede dar una pista de por dónde vamos”, añadió.
Confió en que esta prórroga, que se plantea hasta el 31 de enero de 2022, sea la última “porque supondría que ya hemos superado la pandemia”. También explicó que en la negociación se está contemplando “la situación específica de Canarias asociada al volcán” y “si hubiera una situación de limitación a la actividad turística en Canarias” se contemple “alguna posible cláusula contingente”, más allá de la declaración de zona catastrófica.
