Las organizaciones pusieron de manifiesto en la misiva que estas expulsiones “están vulnerando” los derechos de estos menores, “contraviniendo el ordenamiento jurídico nacional, europeo e internacional”, en la línea de lo establecido por el Relator Especial de la ONU sobre los Derechos Humanos de los Migrantes, el Defensor del Pueblo y la Fiscalía.
La carta también recoge dos decisiones “muy relevantes que ponen en evidencia la ilegalidad” de las actuaciones decididas por el Ministerio del Interior y que “imponen la necesidad de suspenderlas de manera inmediata”: la decisión de un juzgado de Ceuta de paralizar cautelarmente la expulsión de un grupo de menores y la solicitud del Comité de los Derechos del Niño de paralizar la expulsión de diez niños ante las sospechas de violación de varios artículos de la Convención sobre los Derechos del Niño de la ONU.
Las organizaciones firmantes recordaron que tras la llegada de un menor no acompañado, las autoridades han de realizar una evaluación individual del interés superior de cada uno de ellos para determinar cuál es la solución que mejor responde a sus necesidades y a su bienestar: la integración en el país de acogida, el reasentamiento en un tercer país o el retorno a su país de origen.
Por ello, insistieron, la devolución al país de origen “sólo es una solución duradera aceptable” si se cumplen tres requisitos: el interés superior del niño, la garantía de que se puede asegurar su bienestar y seguridad en origen y el respeto de las garantías requeridas por la Ley de Extranjería, su reglamento y la Ley de Protección Jurídica del Menor.
Luego de manifestar que las órdenes de Interior contravienen lo determinado por dos sentencias del Tribunal Constitucional de 2008, reclamaron a Sánchez que “suspenda de manera inmediata” las expulsiones de los menores, que impulse los mecanismos de reparto oportunos para evitar la saturación del sistema de protección ceutí y que garantice el inicio de los procedimiento legales de evaluación del interés superior de los menores, con las garantías delimitadas por el ordenamiento jurídico nacional e internacional.
Las organizaciones de infancia y de derechos humanos firmantes de la carta son: Plataforma de Organizaciones de Infancia, Save The Children, Coordinadora Estatal de Plataformas Sociales Salesianas, Coordinadora de Barrios, Proyecto Solidario por la Infancia, Maakum Ceuta, Unicef Comité Español, Red Acoge, Voluntarios por Otro Mundo, Médicos del Mundo, Asociación Rumiñahui, Asociación Colectivo Agar – Red interlavapies, Valiente Bangla, Senda de Cuidados, Territorio Doméstico, Asociación Geum Dodou (Melilla), Irídia – Centro de Defensa de Derechos Humanos, Asamblea 8M de Lavapiés, Red Solidaria de Acogida (RSA), Federación de Comités de Solidaridad con África Negra, Servicio Jesuita a Migrantes, Gentium, Cáritas, Educo, Accem, Asamblea de Apoyo a Personas Migrantes de Tenerife, Fundación Raíces y Amnistía Internacional.
