La psicóloga clínica y forense, Sonia Vaccaro, acuñó el término ‘violencia vicaria’, para referirse a un tipo de maltrato a la mujer que consiste en una violencia “desplazada” a hijos, mascotas, personas cercanas a la víctima u objetos significativos, con el objetivo de “infligir dolor” a la mujer de forma indirecta.
Este maltrato es poco comprendido, ya que, según explicaron tres madres afectadas, se va gestando de forma “silente” progresiva de manera que cuando se llega a detectar, “ya es demasiado tarde” y las madres pierden a los hijos, bien sea por parricidio, como el caso de José Bretón, o porque el maltratador “se encarga de distorsionar la figura de la madre” hasta que el niño se desvincula totalmente de ella.
En palabras de una de las víctimas, el objetivo final del padre es “borrar” a la madre y a todo su entorno.
La asociación de Víctimas de Violencia Vicaria MAMI que acaba de nacer, cuenta con 55 socias, de las cuales 25 todavía no participan en la toma de decisiones porque están, según indicó una de las asociadas, en un período de prueba al que llaman “antesala”. En este tiempo las asociadas acreditan que en realidad son víctimas.
Algunas de las asociadas ya pertenecían a un colectivo creado hace seis años, sin embargo, tomaron la decisión de asociarse cuando el número de madres que acudían a ellas en busca de ayuda aumentó a raíz de la serie documental ‘En el nombre de Rocío’ en el que Rocío Carrasco cuenta su experiencia como víctima de violencia vicaria. “Muchas nos sentimos identificadas con ella, yo misma me veía reflejada” además “familiares y amigos nos llamaban a decirnos que el caso de Rocío era igual al nuestro”, expresó una de las madres. Otra sostuvo que “el documental hizo que muchas personas entendieran” lo que ella estaba viviendo.
Y es que la violencia vicaria está llena de vacíos no solo en la comprensión de su magnitud para la población en general y muchas veces hasta para las propias madres que se dan cuenta de que padecen este tipo de maltrato luego de haberlo vivido durante un largo tiempo, también existe el vacío legal e institucional.
CONVENIO ESTAMBUL
Prueba de ello es que, según contextualizó la abogada experta en violencia vicaria, María del Carmen Peral López, en el 2011 ya se establece a las hijas e hijos como víctimas de violencia de género en el convenio de Estambul. Sin embargo, subraya Peral, “de ahí a la práctica judicial hay un salto”.
Las afectadas denuncian la disparidad de las decisiones de los jueces sobre los regímenes de visita y la suspensión de la patria potestad.
“Hay partidos judiciales que suspenden muchísimos regímenes de visitas al año y otros que no suspenden ninguno en el mismo tiempo”, sostuvo y añadió que “no hay derecho a que haya víctimas de primera o de segunda dependiendo del lugar de residencia”.
Además de “la elasticidad de la norma”, la abogada y la asociación también coinciden en que otro de los fallos es que muchos de los profesionales que se encargan de los casos de violencia de género no están formados. Peral sostuvo que en un tipo de violencia en la que se requiere prestar atención a las sutilezas: “una mirada, un gesto del niño” puede proporcionar mucha información. Mientras que las madres reclamaron en varias ocasiones que los profesionales “no tienen ni idea”. Esto incluye a servicios sociales, policías, jueces, fiscales, psicólogos, “hay un desconocimiento total del tema”, señalaron.
CASOS
Las afectadas denuncian que la mayoría de los padres se niegan a que los menores reciban terapia psicológica cuando se produce la separación y empieza la manipulación paterna. Se sienten “abandonadas por el sistema”.
En esta misma línea, advirtieron de que, muchos padres tienen sentencias por maltrato físico a la madre y aún “tuvo siempre visitas con la niña”. Un día, aseguró, llegó con el brazo escayolado, el padre se negó a presentar el informe médico en el pediatra y en el colegio y al ir a la policía local especializada en violencia de género, “me dijeron que no fuera por ahí que podía perder la custodia”.
Una de las madres detalló que su hija la denunció por maltrato “por los años de manipulación del padre”. Se la llevaron a comisaría donde estuvo treinta horas, para luego ir a los juzgados con grilletes. Por último, le quitaron la custodia provisionalmente y sin opción a acudir al llamado “punto de encuentro” donde las madres pueden ir para ver a sus hijos, “el sistema nos está maltratando institucionalmente”, manifestó. Como ella, sus abuelos, hermanos y tíos, tampoco pueden ver a la niña.
Otra madre destacó la falta de gestión en servicios sociales a lo largo de todo el proceso que empezó con la sugerencia de terapia de pareja cuando decidió separarse tras años de maltrato y, de igual manera, llegó al punto de denuncia por parte del niño. Aunque, en su caso ella puede ver a su hijo en el punto de encuentro bajo vigilancia al que el menor va con cascos “y nadie dice nada”. “Insisten en que tengo que trabajar para recuperar el vínculo con mi hijo y luego le permiten tener los cascos en el momento que tengo para verlo”, así “termina haciendo lo que hace en casa del padre”.
Una tercera madre expresó que, para ella, el sistema legal en España es “como una alfombra de la Real Fábrica de Tapices que cuando la levantas porque necesitas de ella lo que te encuentras es un suelo que está agujereado, que no se puede pisar, como si las vigas no estuvieran bien”. Es así como se encuentra “restaurando una casa de 130 años”.
MEDIDAS
Por todo esto, la asociación puso de manifiesto que solicita que los casos de violencia vicaria sean reconocidos y que se le quiten la patria potestad y custodia al padre. De igual manera, exigen que se juzgue “con la misma vara” tanto al hombre como a la mujer y que se pongan en marcha centro de acogida donde las madres e hijos puedan asistir para recuperar el vínculo si este ya está “roto”.
En cuanto a las medidas tomadas por el Gobierno para hacer frente a la violencia de género y, en específico, a la violencia vicaria, la doctora María del Carmen Peral señaló que existe un avance, pero coincidió con la asociación en que no es suficiente.
Por ello, reiteró que mientras exista una ley “permisiva”, “poco se hará”, además agregó que “el cambio tiene que venir de la selección del personal de los puntos de encuentro, en esas interinidades en Institutos de Medicina Legal, en los concursos de acceso a puestos donde se dirimen casos de violencia de género”.
Por último, una de las madres concluyó: “Que empiecen por darnos una cita a nosotras, cita que ya solicitamos. Que hablen con nosotras, que nos vean, que vean la documentación si de verdad quieren hacer algo”.
