En declaraciones a la Cadena SER recogidas por Servimedia explicó que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMV) formuló hace un año su propuesta y, tras un periodo de consultas, se adoptó el régimen de tarifario por horas que “es un instrumento lógico” y “útil para que los ciudadanos sepan en qué momento es más cara la electricidad” a fin de que contribuyan también al proceso de descarbonización.
Detrás de la iniciativa está, según recordó, bajar la demanda de energía en los momentos pico para “que no tengamos que hacer inversiones que nos pueden encarecer la luz” a la vez que se avanza en las energías limpias. “No tenemos interés en hacer diez carriles de carretera para responder a las horas punta. Vamos a tratar de asegurarnos de que el tráfico rodado y, en su caso, que el uso de la energía, el consumo de energía, responde a las infraestructuras que tenemos”, ilustró.
Según Calviño, la tarifa “en sí mismo reducía el coste de la energía”, pero “ha coincidido con un momento en el que ha aumentado mucho los precios de la energía y, sobre todo, los costes de los derechos de emisión de CO2, afectando al coste.
Por eso explicó que se ha aprobado también una reducción en los ‘derechos caídos del cielo’ o dividendo del carbono “para que el aumento del coste del CO2 no sea soportado solamente por los ciudadanos, sino que también lleve a una reducción de los beneficios de las compañías energéticas”, además de analizar si cabe alguna acción adicional para abaratar la factura “a corto plazo”.
“Desde el punto de vista estructural, estos costes de la transición, estos costes del CO2, no van a bajar por que la tendencia va en esa dirección; entonces lo que tenemos es que asegurarnos de acelerar todo el proceso de transición para que, cuanto antes, nuestro mercado sea sostenible y sea eficiente y sea lo más barato posible”, abundó.
En cuanto al encargo realizado a la CNMC de análisis, Calviño explicó que la vicepresidenta cuarta del Gobierno, Teresa Ribera, le ha pedido “que revise el posible impacto de este cambio tarifario” para ver “si los tramos horarios son los adecuados” o “hay que ajustarlo atendiendo al posible impacto que está teniendo sobre el bolsillo de los ciudadanos”, y que verifique “si hay alguna práctica anticompetitiva”.
“El Gobierno está comprometido y vamos a tratar de utilizar todos los instrumentos a nuestra disposición para que, como les decía, la transición sea lo más suave posible, lo más positiva posible”, concluyó.
