Este informe fue presentado este lunes telemáticamente por Marisa Soleto, directora de la Fundación Mujeres y responsable de la Secretaría Técnica del Fondo de Becas, y por Joaquín García Cazorla, promotor del Fondo de Becas.
García Cazorla expuso que un total de 432 mujeres han fallecido como consecuencia de la violencia de género en España desde 2013, las cuales han dejado huérfanos a 309 menores de edad, una cifra que se eleva hasta los 524 si se suman los mayores de edad que han perdido a sus madres como consecuencia de esta lacra.
El Fondo de Becas Soledad Cazorla para estos huérfanos por la violencia de género concedió en 2020, “un año complejo por la pandemia y el confinamiento”, un total de 30 becas, que han beneficiado a 17 familias, 25 menores y 3 mayores de edad, por 51.000 euros.
La crisis económica provocada por la pandemia llevó a la concesión de dos becas extraordinarias a familias que se encontraban en una situación de especial vulnerabilidad.
Al mismo tiempo, el Fondo desarrolló una iniciativa en colaboración con Huawei, Telefónica y Carrefoir para suministrar dos ordenadores y seis ‘tablets’ a seis familias que tenían dificultades para acceder a soportes tecnológicos con los que afrontar las necesidades educativas de los menores a su cargo.
Por su parte, 2020 fue el segundo año de funcionamiento de la asesoría jurídica puesta en marcha por este colectivo, una iniciativa “útil”, según Joaquín García Cazorla, como lo evidencia el hecho de las 101 consultas que ha atendido en todo este tiempo.
A su vez, el informe incluye dos propuestas de modificaciones legislativas de mejora de la situación de los menores huérfanos de víctimas de violencia de género que han sido elaboradas por el Fondo de Becas y por distintos especialistas: una de ellas, relacionada con la situación fiscal de las familias en los supuestos de satisfacción de indemnizaciones vía dación en pago de bienes inmuebles y el impuesto de plusvalía en las herencias; y otra, centrada en el acceso a los herederos víctimas de la violencia de género a la liquidación del régimen económico matrimonial.
El informe también repasa la situación en las diferentes comunidades autónomas y plantea algunos de los retos pendientes con un estudio de casos, así como el impacto de la Ley 3/2019, de 1 de marzo, de mejora de la situación de orfandad de las hijas e hijos de víctimas de violencia de género y otras formas de violencia contra la mujer, tanto en lo referido a los problemas de aplicación con la gestión de las ayudas, como en lo concerniente a los supuestos excluidos.
En ese sentido, Marisa Sotelo subrayó que esta ley constituye un “elemento positivo” para la reparación del daño causado a los huérfanos como consecuencia de la violencia de género, como lo pone de manifiesto el hecho de que 75 niños han mejorado su situación, bien porque han recibido una prestación, bien porque han visto mejorada la cuantía de la misma.
No obstante, llamó la atención sobre la preocupante “tendencia descendente” en la aplicación de esta ayuda, ya que en 2021 únicamente se han observado dos casos de mejora las pensiones por orfandad.
Por su parte, reclamó a la Seguridad Social que incremente el grado de información que proporciona a las familias sobre las prestaciones y que se incorpore como beneficiarios de estas prestaciones a los menores en situaciones de adopción, a los que viven con padres distintos del agresor y a los pertenecientes a familias monoparentales.
Estas propuestas, dijo Marisa Soteldo, se han presentado a la comisión especial de seguimiento del pacto de estado contra la violencia de género y al Grupo Parlamentario Socialista en dicha comisión, lo que le dio pie para concluir invitando al resto de grupos a estudiarlas para su posterior aplicación.
