La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) rechaza de plano la intención de la Junta de cerrar el Centro de Internamiento de Menores Infractores (CIMI) San Francisco de Asís – La Biznaga de Torremolinos. Así lo ha indicado el presidente del Sector de la Administración General de la Junta de Andalucía (AGJA) en CSIF, Enrique Álvarez de Toledo, quien ha subrayado que el sindicato “presionará con todas las herramientas a su alcance para que no se desmantele el único centro de este tipo que es gestionado de forma directa por la Junta, lo que conllevaría además el despido de 30 trabajadores temporales”.
La acción sindical llevada a cabo por CSIF, que es el sindicato mayoritario en la Administración General de la Junta de Andalucía, en demanda del cumplimiento del Estatuto de los Trabajadores y del VI Convenio Colectivo del Personal Laboral de la Junta de Andalucía, ha estado encaminada a evitar el cierre del centro previsto inicialmente con fecha 1 de abril, “en lo que es una decisión completamente unilateral que contraviene la legalidad y el mínimo respeto a la parte social”, ha añadido el responsable sindical.
Además de la falta de negociación para garantizar la voluntariedad en la movilidad de los trabajadores, esta decisión de la Junta conllevaría “mandar a las colas del desempleo a 30 empleados y empleadas que tienen contratos de carácter temporal, la mayoría de ellos educadores y educadoras”, algo a lo que el sindicato se opone tajantemente.
Precisamente, hace unas semanas CSIF interpuso un recurso de alzada ante la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local contra la resolución de cierre del citado centro, en el que trabaja un centenar de personas.
El sindicato mantiene que el cierre y privatización de este centro se realiza incumpliendo los procedimientos, sin negociación previa y de mala fe por parte de la Administración autonómica. Por una parte, CSIF denuncia que la Junta de Andalucía no ha seguido el procedimiento establecido, recogido en el VI Convenio colectivo del personal laboral de la Junta de Andalucía – así como en el Estatuto de los Trabajadores y el Estatuto Básico del Empleado Público-, al tiempo que denuncia que la resolución no puede limitarse al cierre del centro.
Así, la organización sindical subraya que se debieron seguir todos los pasos previos de negociación, apertura del periodo de consultas y comunicación de las posiciones de las partes. Además, la Administración debió garantizar en este proceso el traslado del personal afectado sin pérdida de derechos, previamente a la resolución del cierre del centro.
El Sector de la Administración General de la Junta de Andalucía (AGJA) de CSIF recuerda que, según la normativa autonómica, “las unidades administrativas se crean, modifican y suprimen a través de la relación de puestos de trabajo”, que en el caso del centro de menores San Francisco de Asís – La Biznaga sigue ocupada y vigente actualmente, por lo que el centro debe permanecer abierto.
La falta de negociación provoca que la Administración pueda, sin negociación previa, reubicar de forma individual al personal -laboral y funcionario-, sin seguir los procedimientos establecidos y sin tener en cuenta la voluntariedad de las partes ni el derecho fundamental a la negociación colectiva.
Por otra parte, considera que la Administración ha actuado de mala fe, ya que la resolución de cierre se firmó previamente a la reunión del director general de Justicia Juvenil y Cooperación con el comité de empresa, pese a que se pone a la plantilla “a disposición de los órganos competentes en materia de función pública y recursos humanos”, lo que indica una nula intención de negociar la situación del personal.
Para CSIF, supone un abandono total de los trabajadores del centro por parte de la Administración, que obvia la negociación y renuncia a mantener la gestión pública del mismo, adoptando una decisión unilateral.
Asimismo, este sindicato denuncia que no se han aportado los informes que se recogen en la resolución de cierre sobre la situación y costes del centro, y de optimización del mapa de recursos de justicia juvenil en la provincia de Málaga. A este respecto, CSIF subraya que, aun sin conocer el contenido de estos informes, resulta complicado entender una decisión basada en unos documentos que fueron elaborados hace más de un año, y defiende que no se han argumentado ni demostrado las causas que han provocado esta privatización del modelo de gestión.
Por todo ello, el sindicato ha exigido a la Dirección General de Justicia Juvenil y Cooperación, mediante el recurso de alzada interpuesto, que declare la nulidad de la resolución de cierre del centro de menores por incumplir el procedimiento legalmente establecido, y que se mantenga la gestión pública del mismo. CSIF adoptará cuantas medidas sean necesarias contra esta nueva privatización y supresión de puestos de trabajo.
