Así lo expusieron durante su participación en la presentación virtual de la investigación ‘La formación del asistente personal’, un trabajo impulsado por ECOM (entidad de ámbito estatal que aglutina a más de 120 entidades de personas con discapacidad física y/u orgánica de toda España) y la Plataforma Estatal Representativa de la Discapacidad Física (Predif), de la que forma parte.
Luis Alberto Barriga aseguró que la regulación de la asistencia personal “ha sido insistente demandada” entre las medidas que se están estudiando dentro del plan de choque de dependencia. “Hay un amplísimo consenso en que esto se debe regular y ya”, indicó y concretó que el calendario previsto es que “sí o sí” se debe realizar en 2022, aunque a finales de este año debe haberse consensuado “la figura y su planteamiento”.
Barriga también apuntó a que, en su opinión, los servicios que se atribuyan al asistente deben plantearse “con flexibilidad”, pues sería “un error hiperregular un corsé”. Por ello, llamó a “ser más originales en abrir el abanico de modalidades de asistencia personal”.
Por su parte, Jesús Celada reconoció que llevan “años” debatiendo sobre la asistencia personal pero que, de haberla tenido más definida en la legislación, su aplicación en la vida de las personas con discapacidad tras la irrupción del Covid-19 “hubiera contribuido a que la calidad de las personas con discapacidad que han estado confinadas hubiera sido mejor”. “Hemos dicho muchas cosas y quizás se ha hecho poco”, lamentó.
Desde su perspectiva, quedan por definirse algunas cuestiones que señala un reciente estudio del Consejo Económico y Social, relativas al perfil del beneficiario y del asistente, la confusión de estos servicios con los de tipo doméstico y que se alegue “falta de demanda” para no impulsar la figura. “Las comunidades autónomas se tienen que poner las pilas, no pueden ocular ese servicio de asistente personal en los servicios domésticos”, dijo.
AVAL CIENTÍFICO
Durante el encuentro virtual, el presidente de ECOM, Antonio Guillén, avanzó que el estudio ‘La formación del asistente personal’ supone el aval científico a la demanda del mundo de la discapacidad para legislar la formación de la figura del asistente personal, ya que concreta cuestiones como que debe durar más de 50 horas, que el usuario debe tener «un rol central» en la formación de los asistentes y que las competencias de éstos deben ser «más transversales».
Guillén reclamó que además de legislación de la figura y consenso entre administraciones, debe haber financiación «suficiente» y apeló a que se tome en cuenta la voz de las personas con discapacidad. «Tenemos una experiencia y un modelo, de participación del propio usuario», dijo y llamó a que la regulación «respete la condición de ciudadanos» de las personas con discapacidad y «no se diluya en etiquetas».
El presidente de Predif, Francisco Sardón, aseveró que percibe una intención «para empujar que se legisle» la asistencia personal, pero que debe hacerse con diálogo social y con las entidades del Tercer Sector y del Cermi en este año y reclamó que la formación sea «un aspecto nuclear».
Sardón cree que será “un modelo de éxito” si se cuenta con los usuarios y puso en valor la experiencia y el planteamiento sobre asistencia personal que tienen las entidades de discapacidad. “Nuestra propuesta va en la línea de lo que quieren y necesitan las personas dependientes y con discapacidad”, recalcó.
MÍNIMOS
El presidente del Cermi, Luis Cayo Pérez Bueno, pidió a los directores generales “un acuerdo de mínimos” y advirtió de que hay cuestiones que concurren para que la asistencia personal “despegue o sigua absolutamente restringida”, como causas regulatorias, sobre qué personas son las “idóneas” para esos servicios, los requisitos de acceso, contenidos de suficiencia económica, o “en qué consiste y qué intensidades tiene” la asistencia personal.
“Espero que el plan de choque impulsado por el ministerio este año sea el año definitivamente de la asistencia personal o esta figura despegue”, apuntó. Para Pérez Bueno, “es una paradoja que las personas que necesitan más apoyo” sea “la menos numerosa con diferencia en las estadísticas de los sistemas de atención”.
El presidente del Cermi considera que entre las causas están las “restricciones” con las que se cuenta esa prestación hay cuestiones “mentales”, “de desconocimiento” por parte de las asociaciones, de “no insistencia” de las personas con discapacidad y la herencia “asistencialista” que tiene el modelo. “Todo eso se conjuga para que no tenga el desarrollo que debería”, concluyó.
