- Quedarán en una gravísima situación de abandono y exclusión
- Exige a la Junta que dé marcha atrás en su decisión
La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) ha mostrado su “máxima preocupación” por la decisión de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía de recortar el número de plazas de los recursos de protección de menores y dejar en la calle, durante el estado de alarma a partir del 1 de junio, a unos 150 jóvenes que han alcanzado la mayoría de edad en marzo, sin ofrecer ninguna alternativa ni programas que garanticen la continuidad de sus proyectos vitales.
La organización hace hincapié en “la gravísima situación de abandono y exclusión” en la que se encontrarán los y las jóvenes que han alcanzado la mayoría de edad desde que se decretó el estado de alarma, lo que “pone de manifiesto, una vez más, la falta de voluntad, planificación y previsión a la hora de implementar soluciones duraderas orientadas a la inclusión en el sentido que exige el Comité de Derechos del Niño”. Por lo tanto, desde APDHA exigen “que no se deje a ningún joven en situación de calle y se garanticen cuantos recursos y programas sean necesarios para velar por la continuidad de sus proyectos vitales, siendo imprescindible que todos y cada uno de ellos salgan en una situación administrativa regular, con autorización de residencia y trabajo”.
Asimismo, “si el recorte conlleva el traslado de menores entre centros, una de las principales consecuencias será la interrupción de los itinerarios individualizados trazados para cada menor y la pérdida de redes de referencia y emocionales tanto en el centro como en el entorno”, lo que “afectará a los proyectos de desarrollo e inclusión de estos niños, niñas y adolescentes”.
En este sentido, lamentan que “la decisión no se ha tomado teniendo como base el bienestar de los menores y las necesidades reales del sistema de protección” y recuerdan que todas las actuaciones y decisiones de las instituciones y administraciones en materia de la infancia “deben regirse exclusivamente por el principio del interés superior del menor y el de no discriminación, conforme al Convenio de Derechos del Niño y nuestra normativa estatal y autonómica”.
Por último, apelan a la responsabilidad de las instituciones y cargos públicos para “evitar discursos que supongan un enfrentamiento entre personas que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad a la hora de acceder a recursos, especialmente grave cuando una de las partes de las que se está hablando son niños, niñas y jóvenes extranjeros que viven en Andalucía”.
Si cualquier recorte en materia de protección de la infancia es inadmisible, explican, no hay justificación alguna para la supresión de plazas en programas específicos dirigidos a la infancia y juventud de origen extranjero que vive en Andalucía sin referentes familiares adultos”. A este respecto, consideran que “existen vías y recursos posibles para responder y garantizar los derechos y el bienestar de todas las personas, para que nadie quede atrás, es una cuestión de voluntades políticas y decisiones valientes”.
