La Oficina del Defensor del Pueblo andaluz, dirigida en funciones por Jesús Maeztu, ha abierto una queja de oficio para analizar la gestión del brote de listeriosis que afecta ya a 205 personas en toda Andalucía y ha dejado tres fallecidos y cinco abortos, tras un nuevo caso confirmado este mismo miércoles.
En el texto de la queja, a la que ha tenido acceso Europa Press, la Defensoría señala que «por todos es conocida la situación de crisis sanitaria que desde hace algún tiempo viene afectando a la comunidad autónoma, con derivaciones fuera de la misma, a raíz de la detección de un brote infeccioso por listeriosis relacionado con el consumo de determinados productos cárnicos».
Así, añade que «el ritmo vertiginoso de los hechos, que ha venido evidenciando una ampliación sucesiva del foco de la infección, las diversas dimensiones que plantea la situación como grave problema de salud pública, la superposición de intervenciones administrativas por la participación de diversas administraciones en el ejercicio de las competencias implicadas, y, la pluralidad de opiniones discrepantes que se han alzado al respecto, han constituido elementos de peso que han contribuido a incrementar la complejidad del problema, haciendo aconsejable abordar su análisis desde una perspectiva que permitiera investigar todas sus implicaciones con la mayor amplitud de miras».
Además, expone que «sin cuestionar» la atención que desde los dispositivos sanitarios se viene proporcionado a los afectados, ciertamente la gestión del riesgo sanitario en uno de los casos de intoxicación alimentaria de mayor importancia de los últimos tiempos «se ha puesto en entredicho en diversos ámbitos, sobre todo en lo que se refiere a la celeridad en la declaración de la alerta y la adopción de las medidas para hacer frente al brote y tratar de aminorar sus consecuencias, así como en el adecuado ejercicio de sus competencias por parte de las administraciones implicadas».
Por otro lado, el Defensor señala que «no se pueden olvidar» los aspectos preventivos que inciden en toda cuestión de salud pública, que engloban un serie de actuaciones llamadas a evitar que se produzcan este tipo de situaciones, y que «igualmente se vienen poniendo de manifiesto en aspectos como la falta de autorización para la ampliación de la empresa responsable o la infrecuencia de la inspección previa de sus instalaciones».
De este modo, la institución, sobre estas premisas y una vez estabilizada la situación de emergencia en la que todavía se interviene, considera oportuno iniciar una investigación con la finalidad de obtener y analizar «de forma serena y objetiva» toda la información disponible, que «permita arrojar luz sobre esta grave crisis alimentaria con origen en Andalucía».
El Defensor del Pueblo andaluz asegura también que a diferencia de otras quejas de oficio en las que el motivo principal reside «en la falta de información y en la inacción de las administraciones», en esta ocasión «se han activado los dispositivos necesarios para la ciudadanía con el fin de evitar riesgos de seguridad alimentaria». Por ello, una vez controlada esta situación de emergencia, ve oportuno analizar los mecanismos y otras medidas de control que pudieran haber fallado, con el objetivo de que «no se vuelvan a producir situaciones tan lamentables como las acontecidas».
Jesús Maeztu muestra sus condolencias hacia las tres muertes producidas asociadas al consumo de estos productos, al tiempo que desea una pronta recuperación a las mujeres que han visto interrumpidos sus embarazos y a las más de 200 personas que han recibido tratamiento hospitalario al encontrarse afectados por síntomas producidos por la listeriosis.
