Un jurado popular tiene previsto juzgar desde este lunes en Málaga a un hombre para el que la Fiscalía solicita once años de prisión al acusarlo de supuestamente tirotear a otro desde una moto en la localidad malagueña de Mijas en 2015. Además, se juzga a otra persona que supuestamente encubrió al procesado.
Según las conclusiones iniciales del fiscal, a las que ha tenido acceso Europa Press, los hechos sucedieron el 17 de septiembre de dicho año cuando la víctima estaba sentada en su vehículo, hablando por teléfono, con el coche arrancado y la ventanilla bajada; momento en el que se aproximó una moto por la vía.
Supuestamente, el acusado iba como copiloto en dicha moto que había sido adquirida por él solo unos días antes, sin que haya sido identificada la persona que conducía, según indica el ministerio público, en su escrito de calificación provisional.
El procesado, según sostiene la acusación fiscal, al detenerse la motocicleta en la que circulaba a la altura del coche, «sin que consten motivo pero con la clara intención de acabar con su vida, disparó hasta en siete ocasiones con un arma corta» al hombre, que era conocido suyo.
La víctima «no tuvo oportunidad de defenderse» y falleció en el acto, según el informe forense, «por destrucción de centros nerviosos vitales», al recibir varios impactos de bala en la cara y en la cabeza. El arma utilizada no ha sido encontrada y no consta que el acusado tenga licencia que le habilite a la posesión de este tipo de objetos.
La Fiscalía señala que el procesado se presentó voluntariamente en dependencias de la Guardia Civil y reconoció los hechos, al tiempo que considera que en el momento de los hechos el acusado tenía afectadas sus facultades debido a su adicción a las drogas, en concreto cocaína y MDMA.
En cuanto al otro acusado, íntimo amigo del principal procesado, el ministerio fiscal indica en sus conclusiones provisionales que «tras conocer que el otro había acabado con la vida» del otro hombre le acompañó al establecimiento donde había comprado la moto donde habló con el copropietario para venderla, diciéndole que «si la Guardia Civil pregustaba por una moto como esa tuviera en cuenta que ellos no habían estado allí».
Además, «con la intención de ocultar la titularidad de la motocicleta» y como no se había hecho aún la transferencia de la misma, solicitó que esta se realizara directamente del anterior titular al nuevo, «para que no quedara constancia de la titularidad de la misma en el momento en el que se cometió el asesinato».
Por estos hechos, la Fiscalía acusa al primer hombre por un delito de asesinato y otro de tenencia ilícita de armas, por los que solicita en total once años de prisión, considerando que debe aplicarse las circunstancias que atenúan la pena de confesión y drogadicción. Al segundo procesado lo acusa de un delito de encubrimiento, por el que pide que se le imponga dos años de cárcel.
En cuanto a la responsabilidad civil, considera que el primer procesado debe indemnizar a los herederos del fallecido con la cantidad de 90.000 euros
