Agentes del Equipo Mujer y Menor (Emume) de la Guardia Civil de Almería han colaborado desde enero con la Metropolitan Police de Londres (Reino Unido) para obtener las evidencias legales necesarias para llevar a juicio en el Inner London Crown Court a un español residente en ese país y al que las autoridades británicas le imputan seis presuntos delitos contra la libertad sexual cometidos sobre su hija menor de edad.
El acusado fue denunciado por su hija que convivía con él en dicho país por un delito equivalente en España al de violencia domestica y un reconocimiento médico reveló diversas secuelas generadas por el maltrato físico.
Esto fue el detonante para que los servicios sociales del Reino Unido, además, iniciaran una investigación paralela a la policial ya que el comportamiento retraído y evasivo de la menor durante su estancia en los centros de educación o en las actividades extraescolares hizo sospechar que no era solo víctima de violencia doméstica.
La investigación se inició en España en enero, cuando las autoridades judiciales británicas solicitaron a España, por los canales oficiales de cooperación internacional, la prestación urgente de un auxilio judicial internacional al tener conocimiento por los servicios sociales que atendieron a la menor en Reino Unido de la posible existencia de episodios pasados de violencia sexual contra la niña.
Habrían sido cometidos, presuntamente, por su progenitor, quien la habría agredido, abusando también sexualmente de ella de forma continuada durante cinco años y cuando ella contaba tan solo con ocho años.
Fue entonces cuando la solicitud fue canalizada, por ser competente para ello, a la Guardia Civil, que asigno la ejecución de este auxilio internacional para su correcta materialización, dada la especial gravedad y sensibilidad de los hechos que en la misma se abordaba a personal del Emume de la Guardia Civil, personal altamente cualificado en estas materias.
La inicial colaboración solicitada a España en el mes de enero lo fue bajo la figura jurídica de la Comisión Rogatoria Internacional y por la que se trataba de obtener en nuestro país, mediante la colaboración ‘in situ’ de detectives constables de la Metropolitan Police y agentes de la Guardia Civil, las evidencias legales necesarias y con la premura precisa para que estuvieran disponibles para todas las partes con carácter previo a la celebración del juicio previsto en marzo.
Con esta premisa se desplazaron en febrero los detectives de la Metropolitan Police pero, dada la ingente cantidad de documentos, informes, entrevistas policiales y otras evidencias que los mismos, en colaboración con los agentes del Emume, fueron capaces de recopilar y, la necesidad de su traducción y adaptación como prueba al proceso judicial británico, determinaron la suspensión del juicio y su nuevo señalamiento para el día 17 de agosto de 2018.
Esta pausa fue aprovechada por los agentes para recopilar toda la información requerida y pendiente de incorporar a la Comisión Rogatoria, comprobando además la existencia de más evidencias y que, al no estar expresamente incluida su recopilación en este instrumento jurídico, determinó la necesidad de expedición de una nueva solicitud.
Así, a mediados del mes de julio y tras intensas interlocuciones con las autoridades del Reino Unido, los agentes del Emume recibirían nueva solicitud de colaboración a través de los canales de cooperación internacional, siendo ejecutado este nuevo auxilio internacional bajo la figura de una Orden Europea de Investigación.
Desplazados por tanto nuevamente a España los detectives costables de la Metropolitan Police ejecutaron a finales del mes de julio, junto a los agentes del Emume de la Guardia Civil la Orden Europea de Investigación bajo la tutela de la Fiscalía Provincial de Almería.
Las diligencias instruidas por la Guardia Civil junto con todas las evidencias legales recopiladas fueron puestas, a través de la Fiscalía de Cooperación Internacional de Almería, a disposición de la Fiscal de la Corona de Inglaterra y Gales.
Tras la celebración del juicio oral y a la vista del material probatorio recopilado en España mediante esta estrecha colaboración llevada a cabo entre la Guardia Civil y la Metropolitan Police determinó, mediante un jurado popular, que el acusado fuera declarado culpable como autor responsable de seis delitos contra la libertad sexual cometidos de forma continuada durante cinco años sobre su hija y cuando ésta, únicamente, contaba con ocho años de edad.
