Resulta alarmante que recurrir a los servicios de emergencias 112 en Andalucía pueda suponer una pérdida de tiempo y arriesgar la vida o la seguridad de la población.
La pérdida de llamadas, la demora en la atención de las mismas y la falta de personal son la tónica general en el 112, circunstancia que la Consejería de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía consiente, al defender a ultranza la nefasta gestión que realiza FERROVIAL SERVICIOS en la atención telefónica de emergencias.
La realidad en cualquiera de los centros de coordinación de emergencias de Andalucía es la pérdida constante de llamadas de emergencia, llamadas en cola que llevan el rojo a las pantallas de los gestores de emergencias y salas de coordinación casi desiertas de personal.
Ferrovial sigue haciendo su particular agosto, lucrándose con dinero Público, sin exponer absolutamente nada y sin importarle el servicio que se presta a la ciudadanía, no en vano gestionan el servicio público desde la única óptica del negocio y el aumento de la rentabilidad económica, en un servicio que cuesta a los andaluces y andaluzas 21.447.760 euros anualmente y sobre el que, desde la Consejería que gestiona Rosa Aguilar, no se ejerce control alguno.
El pliego de prescripciones técnicas recoge textualmente:
“El servicio se prestará por los puestos necesarios y suficientes en distribución de horarios, plantillas y turnos, que garanticen en todo momento la adecuada respuesta ante la demanda de ciudadanos y organismos.
Tendrá una distribución en referencia al pleno y correcto funcionamiento del Centro las 24 horas del día de los 365 días del año.”
“Se establece un sistema de localización con un tiempo máximo de incorporación del personal localizado de 60 minutos para necesidades de los servicios”
Ferrovial incumple claramente el pliego de prescripciones técnicas al no garantizar las demandas de la ciudadanía (pérdida de llamadas de emergencias, colas de llamadas, falta de personal) y al no tener establecido un sistema de localización para los/as trabajadores/as de plantilla, con el único objetivo de ahorrar costes, mientras que la Consejería de Justicia e Interior desoye sistemáticamente las quejas de sus profesionales y gestores de emergencias, que además de ser literalmente explotados/as, están sufriendo situaciones gravísimas de ansiedad y estrés ante el caos y la pérdida constante de avisos de urgencias y emergencias.
