«Hemos sufrido el peor año para libertad de expresión desde que llegó la democracia». Ysabel Torrabo ha destacado que esa es la conclusión a la que ha llegado en su análisis sobre 2017 la Plataforma por la Defensa de la Libertad de Información (PDLI), integrada por organizaciones de juristas y abogados (como el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, ICAM), de periodistas (como la Federación de Sindicatos de Periodistas), la agencia DisoPress o asociaciones de consumidores como la OCU y CEACCU. En sus conclusiones, señalan especialmente las condenas por terrorismo a personas sin ninguna relación con actividades violentas y solo por sus opiniones en redes sociales o en versos y canciones.
La propia Torralbo, que ha estado acompañada por el resto de concejalas de Málaga Ahora, ha revelado que «un tercio de los juicios por terrorismo en la Audiencia Nacional se deben a letras de canciones, chistes o tuits,». De hecho, como ha recordado, «desde la entrada en vigor la Ley Mordaza se han producido más sentencias por enaltecimiento del terrorismo que cuando sufríamos bandas terroristas en activo». «Se está enviando a la cárcel a personas por canciones o tuitis, una medida a todas luces desproporcionada y abusiva, que fuerza algunos principios fundamentales del derecho».
Libertad de prensa
La moción de Málaga Ahora recuerda que la en los últimos años varios medios ha sufrido amenazas de sanciones y no son pocos los periodista que de hecho han sido denunciados. Como recoge la moción, en España se detuvo al supuesto fltrador de los Papeles de la Castellana mientras al mismo tiempo en Estados Unidos Unido el equipo internacional, «con representación española», que desveló los Papeles de Panamá recibía el Premio Pulitzer. La moción recoge un amplio abanico de casos recientes, desde las condenas a raperos, a la censura sin mediación judicial de obras en ARCO de Santiago Sierra, el cierre de webs durante el 1 de octubre catalán o el secuestro del libro Fariña. También recoge otros casos, como el juicio por el enaltecimiento de terrorismo a los titiriteros de Madrid o al cineasta Álex García.
Los datos, como ha racalcado Torralbo, son «demoledores»: En 2016 Amnistía Internacional presentó un informe en el que denunciaba que las restricciones de las protestas y de la libertad de expresión y reunión pacífica se reflejaba en 34.000 sanciones realizadas en tan solo dos años de puesta en marcha de la ley Mordaza.
Todo ello ha valido que un reciente fallo del tribunal de Estrasburgo señale las deficiencias de España en la protección de la libertad de expresión, aunque de momento el gobierno hace oídos sordos.
La moción pide que el Pleno municipal muestre su apoyo a la tramitación actual para la derogación o modificar de la Ley de Seguridad Ciudadana (la ley Mordaza) y que el Ayuntamiento de Málaga condene cualquier tipo de censura de obras artísticas sin intervención judicial.
Pide, en definitiva, que «manifiesta su firme determinación en la defensa de la libertad de expresión» y que en consecuencia «inste al Parlamento y al Gobierno a revisar en profundidad el Código Penal para adaptarlo […] a los fallos de Estrasburgo sobre libertad de expresión».
