Como otras muchas ciudades del mundo, uno de los principales problemas que tiene que abordar en estos momentos el Ayuntamiento de Barcelona es el encarecimiento de las viviendas de alquiler. Esta subida comporta la expulsión de los vecinos que no pueden afrontar el nuevo alquiler e incluso el desahucio de familias por dificultades en el pago. Los precios del alquiler están aumentado por encima del 10% anual debido al incremento de la demanda de los jóvenes, que no pueden acceder a la vivienda de compra, a una ley de arrendamientos urbanos que desprotege al arrendatario con una duración del contrato de solo 3 años, pero sobre todo a una tendencia mundial de inversión en edificios de viviendas y gentrificació de las ciudades que acaba expulsando a los vecinos de toda la vida. La alta rentabilidad del alquiler hace que alrededor del 35% de las viviendas de segunda mano las compren inversores. Esta demanda por inversión, es la principal causa del incremento de los precios del alquiler.
Para dar respuesta a los ciudadanos, el Ayuntamiento de Barcelona pone en marcha el proyecto APROP (Programa de Alojamientos de Proximidad Provisional), un proyecto innovador para reforzar las políticas de vivienda y evitar la expulsión de vecindario de sus barrios.
Se trata de edificios prefabricados, lo que permite su rápida construcción y llegan a la capital catalana después de meses de trabajo y de análisis detallado de proyectos similares que funcionan desde hace años en otras grandes ciudades como Ámsterdam, Copenhague, Vancouver o varias ciudades del Japón. El programa arrancará antes de que acabe el año en tres de los distritos de la ciudad con más problemas de gentrificació.
Esta es una manera más rápida de construir, que garantiza los estándares de calidad y tiene la voluntad de ampliar el parque público de vivienda y evitar la expulsión de vecinos y vecinas de sus barrios. Los bloques que se construyan se repartirán por el conjunto de la ciudad, combinarán diferentes perfiles de residentes y está previsto que en algunos casos incluyan equipamientos públicos para reforzar su vertiente comunitaria. De hecho, la intención es desarrollar el programa de la mano de entidades de la ciudad, con las cuales está previsto compartir los detalles del programa en una jornada monográfica que se celebrará en los próximos días. Hasta ahora ya se ha compartido el proyecto con el Instituto de Tecnología de la Construcción de Cataluña (ITeC), la Federación de Asociaciones de Vecinos y Vecinas de Barcelona (FAVB) o la Fundación Hábitat 3, entre otros. La iniciativa ha contado igualmente con el impulso del Consejo de la Vivienda Social de Barcelona.
Esta primera prueba arrancará con un presupuesto de 5,3 millones de euros y la construcción de un total de 92 alojamientos (21 individuales y 71 dobles) para cerca de 250 personas. Estas promociones se levantarán en tres solares diferentes de los distritos que concentran un mayor problema de gentrificació: Ciutat Vella, Sants-Montjuic y Sant Martí, a pesar de que la previsión es que se extiendan progresivamente a solares de todos los distritos de la ciudad. El programa no sustituye las promociones que ya están previstas y que suponen que a finales de mandato haya un total de 4.000 viviendas, sino que complementa el esfuerzo municipal para dar respuesta a uno de los principales retos que afronta actualmente la ciudad de Barcelona: la vivienda.
Construir una vivienda pública requiere entre seis y siete años, según los casos, desde que se inician los trabajos administrativos hasta que la vivienda está preparada para entrar a vivir. Con el nuevo sistema que propone el APROP este tiempo se reduce a unos nueve meses y esto permite ofrecer una respuesta temporal hasta que las nuevas promociones entren en servicio. Además, el hecho que estos alojamientos sean transportables permite movilizar una serie de solares que actualmente están vacíos, a la espera de construir los equipamientos para los cuales están reservados, y que en ningún caso serán sustituidos.
