La Consejería de Economía y Conocimiento abre un plazo de dos meses para la presentación de solicitudes
La Consejería de Economía y Conocimiento ha abierto una nueva convocatoria de ayudas a la creación de empresas de trabajo autónomo, dotada con un presupuesto de siete millones de euros y cuyo principal objetivo es potenciar la creación de empleo en la comunidad autónoma.
Estos incentivos, que se convocan por segundo año y tras finalizarse la resolución de la anterior convocatoria, corresponden a la Línea 1 del Programa de apoyo a la creación, consolidación y mejora de la competitividad de las empresas de trabajo autónomo regulado. En concreto, a estas ayudas pueden acceder aquellas personas que quieren iniciar una actividad empresarial o profesional y su cuantía oscila entre los 2.000 y los 3.500 euros, en función de que la actividad económica sea desarrollada por colectivos en riesgo de exclusión o en áreas territoriales o de empleo preferentes.
El plazo de presentación de solicitudes será de dos meses, duplicando el anterior y extendiéndose hasta el 1 de marzo, y la documentación se podrá aportar bien a través del registro convencional o bien accediendo telemáticamente en la dirección web http://www.juntadeandalucia.es/economiayconocimiento/oficinavirtualv2/. Para aclarar cualquier duda o recibir apoyo a la hora de rellenar las solicitudes las personas interesadas pueden dirigirse a los técnicos de los servicios de atención a la ciudadanía de las delegaciones territoriales de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en cada provincia.
Estos incentivos, que se enmarcan en el Plan de Actuación para el Trabajo Autónomo de Andalucía Horizonte 2020, son una de las medidas destinadas a crear las condiciones para facilitar que las iniciativas empresariales de los autónomos salgan adelante, desde el convencimiento de que son una pieza clave del desarrollo económico de Andalucía y tienen un peso importante en el crecimiento de la comunidad autónoma.
Las ayudas convocadas, que serán gestionadas por las delegaciones territoriales de la consejería, persiguen fomentar el emprendimiento priorizando determinadas situaciones. Así, se presta especial atención a los menores de 35 años y a los mayores de 45, a las mujeres, a los parados de larga duración, a las personas en riesgo de exclusión social y a las personas con discapacidad.
Además, se señalan áreas territoriales y de empleo preferente, como los municipios de menos de 5.000 habitantes, zonas con tasas de desempleo superiores a la media, áreas en espacios naturales y parques científicos y tecnológicos, en relación a las áreas; y los sectores como las TIC, las empresas de base tecnológica, los servicios avanzados, la cultura, el turismo, el deporte, el emprendimiento universitario y todos aquellos donde la mujer está subrrepresentada, en relación a las áreas prioritarias de empleo.
En cuanto a los requisitos que tienen que cumplir los solicitantes, éstos han de estar dados de alta como autónomos en el momento de presentar la petición y, como máximo, desde el día 1 del mes en que se inicie el plazo de presentación. También han de aportar un plan de viabilidad de su empresa. Una vez concedida la ayuda, la única condición que se requiere es la de mantener de forma ininterrumpida la condición de autónomo o, en su caso, mutualista, al menos, durante 12 meses a contar desde a partir de la finalización del plazo de presentación de solicitudes.
Este extremo será comprobado por la Administración a través de la vida laboral del beneficiario, y podrá pedir el reintegro de los fondos en caso de incumplimiento.
Simplificación de trámites
La Consejería de Economía continúa trabajando en la simplificación de trámites administrativos, de forma que documentos que posea la Administración no tengan que ser presentados por los autónomos que concurran a estos incentivos. Para ello, en 2017 se continuará trabajando para ampliar los acuerdos alcanzados con el Servicio Andaluz de Empleo (SAE), con el fin de poder consultar los datos de inscripción como demandante de empleo de los solicitantes de ayudas, y con la Agencia Tributaria.
Además, se está colaborando con la Seguridad Social con el fin de lograr un procedimiento de información ágil entre ambas administraciones que permita también acelerar la tramitación de las peticiones. Por último, en 2016 se aprobó la orden de 2 de diciembre de 2016 medidas de simplificación al introducir el consentimiento de facto del solicitante a que se acceda a los datos que obren sobre él en poder de la Administración y tengan que ver con las ayudas. Un consentimiento que se desactiva únicamente si el peticionario muestra su rechazo expreso.
