Bienestar Social se reúne estos días con las 21 comunidades de propietarios que recibieron subvenciones para mejorar sus edificios pero basadas en un procedimiento «ilegal y electoralista» que ha quedado paralizado
El Ayuntamiento de Torremolinos puso en marcha, entre agosto de 2009 y mayo de 2015 un plan de ayudas para la rehabilitación de viviendas. En ese tiempo, recibió 31 solicitudes de subvención de comunidades de propietarios para realizar obras en edificios. El gobierno en funciones de Fernández Montes (PP) solo ejecutó 10 de esos proyectos. Los que quedan pendientes, que afectan a más de 1.000 vecinos, no se podrán ejecutar debido a que recientemente un informe elaborado por el secretario general y el interventor municipal constata que las obras se adjudicaron “sin seguir ningún procedimiento, ni existencia de pliegos ni informe de intervención ni de secretaría y sin publicidad alguna”. Así las cosas, los afectados se reúnen estos días con el responsable del área de Bienestar Social y Vivienda Pedro Pérez (PSOE), quien le dará a conocer el motivo del retraso y la intención que tiene el nuevo equipo de gobierno de crear una convocatoria de ayudas públicas destinadas a tareas de pintura, impermeabilización de viviendas y mejoras de la accesibilidad, siempre en el marco de la legalidad vigente.
Los afectados a los que se les prometió estas obras nunca ejecutadas se distribuyen en 21 edificios y tienen unas necesidades valoradas en más de 250.000 euros. Hasta final de semana, se van a celebrar asambleas informativas que se desarrollarán de la siguiente manera, mañana están convocados 273 empadronados de 6 inmuebles, pasado mañana 261 de 5 y el jueves 10 de agosto 199 que figuraban empadronados en 10 edificios. Todas tendrán lugar a las 18.00 horas en el Salón de Plenos.
Fernández Montes prometió subvenciones por valor de 372.600 euros para rehabilitar 31 edificios con 658 viviendas, en las que constaban 1.536 vecinos empadronados, 261 de ellos mayores de 65 años. En el escrito remitido por el responsable de Servicios Sociales a los vecinos convocados a estos encuentros, como ha podido constatar Málaga al Día, se explican las irregularidades detectadas en la concesión de las subvenciones del equipo de Gobierno, que ofrecía estas ayudas sobre todo para trabajos de pintura y mantenimiento de fachadas y canalones.
Al margen de la posible comisión de un delito por la concesión de estas ayudas «de forma totalmente electoralista con la intención clara de conseguir votos» opinan desde la administración local, “hay que tener en cuenta que los casi 400.000 euros utilizados son de todos los contribuyentes. Sin embargo, el resto de ciudadanos del municipio no tuvo la posibilidad de acceder a dichas ayudas, puesto que no hubo convocatoria ni publicidad alguna, creando una clara discriminación entre comunidades de propietarios”, comentó Pérez el pasado 28 de julio, cuando se hizo público el informe que constataba la existencia de las irregularidades.
Y es que, el estudio jurídico señalaba que el único requisito que se exigía en los acuerdos de la Junta de Gobierno Local era que “la mayoría de las personas fueran de bajo poder adquisitivo, de la tercera edad y que no pudiesen hacer frente a los gastos”. No consta que estos requisitos fueran verificados para conceder la subvención ni tras la ejecución de las obras.
Ilegales
En el informe elaborado por el secretario general y el interventor municipal se constata que las obras se adjudicaron “sin seguir ningún procedimiento, ni existencia de pliegos ni informe de intervención ni de secretaría y sin publicidad alguna”. Además, advirtieron que existía un fraccionamiento del contrato. Por todos estos motivos, en la adjudicación de las obras acordadas en los expedientes “prescindió total y absolutamente del procedimiento de contratación regulado en el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público”. “Se estima que los acuerdos de la Junta de Gobierno Local del 29 de mayo de 2015 no sólo son contrarios a derecho sino que además son manifiestamente arbitrarios, desbordando la legalidad de un modo evidente, flagrante y clamoroso”, concluye el informe.
Ahora, toca empezar el procedimiento desde cero.
