Andalucía y otras 9 comunidades autónomas muestran su rechazo a la falta de consenso en torno a la Estrategia Española de Activación para el Empleo
El consejero de Empleo, Empresa y Comercio, Javier Carnero, ha trasladado en Madrid la disconformidad del Gobierno andaluz con el último reparto de fondos de políticas activas de empleo, al considerar que la «nueva distribución vuelve a castigar a Andalucía al ser ésta la única comunidad a la que se le restan fondos con respecto al pasado año».
El consejero también ha mostrado en la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales celebrada en Madrid su rechazo a la falta de consenso mostrada por el Ministerio de Empleo con respecto al diseño de la próxima Estrategia Española de Activación para el Empleo 2017-2020, oposición que ha compartido con otras nueve comunidades autónomas que al término de la reunión han mostrado unánimemente su malestar porque el Gobierno incumpla en este punto el compromiso que se alcanzó en la última conferencia de presidentes autonómicos.
En la misma línea, el consejero ha censurado la «falta de respeto» a las comunidades autónomas del Ejecutivo central y ha puesto como ejemplo de su falta de diálogo que, antes de que se abordarán algunos puntos en el desarrollo de la Conferencia Sectorial, la web del Ministerio «ya ofrecía una nota de prensa en la que se daban por aprobados estos puntos que ni siquiera habían sido expuestos a las comunidades autónomas».
Así, Carnero se ha lamentado, al término de la reunión, de que en el reparto adicional de 166 millones de euros aprobado, el Ejecutivo dje la Nación no haya corregido el «agravio que infringió a Andalucía en la distribución realizada en abril», en la que se le asignaron a la comunidad 324,42 millones de euros para políticas activas de empleo.
El consejero de Empleo ha criticado que con los 6,6 millones de euros más que se le asignan a la comunidad en este reparto adicional, Andalucía (que recibirá en 2017 un total de 331 millones de euros) sigue por debajo de la cantidad que le correspondió el pasado año (337,75 millones), «consolidando un año más el recorte iniciado en el año 2012».
En concreto, el Ministerio de Empleo ha aprobado el reparto de 166,79 millones de euros adicionales a los que se asignaron el pasado mes de abril, de los que 34,20 millones son para políticas activas de empleo y 129 millones para el plan de parados de larga duración. Sumando ambas cuestiones, Carnero ha criticado que existe un trato «diferencial y negativo» para Andalucía, ya que todas las comunidades incrementan sus fondos en ambos conceptos un 14,8% mientras que Andalucía lo hace 7,7%.
El responsable andaluz de empleo se ha lamentado de que con el reparto aprobado Andalucía mantiene un 18% de los fondos destinados a las comunidades en políticas activas concentrando el 26% de los parados, según la Encuesta de Población Activa, pasando de un gasto por parado registrado de 749 euros en 2011 a 486 euros en 2017. El consejero ha hecho hincapié en que no existe un criterio objetivo que soporte dicha disminución de fondos y ha reivindicado el esfuerzo realizado por Andalucía en solitario en la lucha contra el desempleo.
El consejero ha criticado el empeño del Ministerio por mantener un sistema de reparto «poco transparente» y de imponer a las comunidades autónomas, que tienen transferidas las competencias en políticas activas de empleo, los criterios del Plan Anual de Empleo y de la Estrategia de Activación para el Empleo 2017-2020.
En este sentido, el consejero ha constatado asimismo la «falta de diálogo y de consenso» del Ministerio de Empleo con respecto a la Estrategia Española de Activación para el Empleo, después de que diez comunidades hayan ofrecido negociar un acuerdo sobre su contenido y el Gobierno haya decidido «imponer su criterio sin tener en cuenta las aportaciones de las autonomías». Carnero ha insistido en que está actitud del Ministerio de Empleo incumple el mandato de la Conferencia de presidentes, un mandato que ha decidido «obviar» al imponer una estrategia con la que «no estamos de acuerdo ni en la forma ni en el fondo» y que también «ignora» el diálogo con los agentes sociales.
