El Parlamento de Andalucía ha debatido este miércoles el decreto ley del Consejo de Gobierno que modifica el régimen para las escuelas infantiles y que será convalidado tras el pacto entre el PSOE y C’s para defender un modelo que rechaza el resto de la oposición (PP, Podemos e IU) y gran parte de la patronal que de nuevo se echaba a la calle con protestas en esta primera jornada del pleno.
Mientras Podemos e IU hablan de mercantilización del modelo y el PP de que se quieran incrementar las plazas sin subir el presupuesto, C’s defiende su postura frente a la cree que se esconde la intención de «acabar con la concertada» de los primeros y la «privatización sin bonificaciones para las familias» de los segundos. Por ello, como garantizó ya el pasado lunes tras las rectificaciones que el Gobierno de Andalucía prometió incluir en su texto, C’s ha dicho que votará a favor con los socialistas para que el decreto ley no sea derogado. Será este jueves porque las votaciones se han aplazado a petición de los socialistas, dado que la presidenta, Susana Díaz, entre otros, asiste a los homenajes por la fallecido Carme Chacón.
La consejera de Educación, Adelaida de la Calle, ha defendido el modelo, que en plazo fijado desde que entró en vigor el decreto, ha permitido que se sumen 300 nuevas guarderías para ofertar plazas con subvenciones, con lo que ya son 1.900 las que lo harán el próximo curso. Entre las nuevas, hay 16 escuelas infantiles públicas, porque son de consistorios; 147 personas físicas y un centenar de empresas.
De este modo, de las 98.003 plazas que se ofrecen este curso con financiación, se pasará a 113.019, 15.016 más. «Más centros, más plazas y más posibles beneficiarios con el nuevo modelo», ha expresado. Sus cálculos son que de ese total en torno a 40% sean plazas sin ningún coste para las familias porque serán subvencionadas en un 100 la enseñanza de niños de 0 a 3 años. «Enseñanzas que ni son obligatorias ni universales ni gratuitas», ha vuelto a clamar la consejera.
Por su parte, el portavoz de C’s, Juan Marín, ha defendido la postura a favor de su grupo sin evitar comentar que «este decreto ley ha llegado tarde y mal» y, además, «ha faltado humildad por parte del Gobierno de Andalucía» para negociar con el sector. Sin embargo, su formación lo apoya «con la condición de que haya incrementos en los presupuestos autonómicos de los años de 2018 y 2019», como ya adelantó el pasado lunes.
Desde IU, Antonio Maíllo ha mostrado su rechazo a que el modelo que la Junta de Andalucía ya sigue para la dependencia, con la externalización, donde prima la reducción del coste para los concesionarios, donde cree que tendrán ventaja las grandes empresas que prestan este servicio frente a las de economía social, «que no podrán competir» con ellas. Lo comparte Libertad Benítez (Podemos), quien también ha hablado de «democracia chabacana» y la «dictadura del decreto ley» por parte del Gobierno de Susana Díaz.
Finalmente, Carmen Crespo (PP), ha hablado de «decretazo». En su opinión, «las nuevas plazas salen de restarles bonificaciones a las familias», y ha acusado a Susana Díaz de iniciar «un nuevo conflicto social en Andalucía», en referencia a las movilizaciones de este miércoles. La huelga, convocada por CCOO, ha tenido un seguimiento desigual, si bien el sindicato habla de un 80%, y lógicamente, la Junta de Andalucía reduce la cifra a una mínima expresión.
