«Retirar la libertad a una persona por una falta administrativa no solo vulnera los Derechos Humanos, sino que entra en conflicto con el artículo 25.3 de nuestra Constitución». Rosa Galindo, portavoz de Málaga Ahora en la Diputación, ha anunciado que espera que la moción de su grupo sea aprobada por unanimidad en el pleno de mañana.
La moción surge tras el reciente anuncio del ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, de abrir tres nuevos Centros de Internamiento para Extrajeros (CIE), uno de ellos en la provincia, tras el cierre en 2012 del de la capital. Galindo ha llamado la atención sobre las intenciones del gobierno para una inversión de este tipo cuando los presupuestos generales del Estado establecen una reducción total de un 44% para la provincia. Ha recordado, a su vez, que los CIE son espacios no penitenciarios cuya función instrumental es la de facilitar la expulsión de las personas extranjeras en situación administrativa irregular, para lo que incluso se les priva libertad durante un periodo máximo de 60 días, cuando «el Parlamento Europeo supedita el internamiento a la posible adopción de otras medidas suficientes de carácter menos coercitivo y limita la posibilidad del internamiento únicamente a fin de preparar el retorno o llevar a cabo el proceso de expulsión».
La moción recuerda que de las 6.930 personas internadas en 2015, tan solo 2.871 (un 41%) fueron efectivamente expulsadas, «lo que demuestra que la medida se emplea de forma abusiva y además resulta ineficaz». Cabe recordar que, según datos de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras correspondientes al año 2014 (últimos datos facilitados por el Ministerio del Interior ), de las 11.817 personas devueltas a sus países de origen solo 3.483 fueron expulsadas desde un CIE, lo que vuelve innecesarios este tipo de centros. Este mismo año, además, la ocupación media en 2014 fue del 36% y en la actualidad se han reducido drásticamente los decretos judiciales de internamiento.
Abusos sexuales
Galindo ha hecho hincapié en la gestión «preocupante y sospechosamente opaca» de estos centros y ha asegurado que no se garantizan derechos fundamentales «como la salud física y psicológica, la educación, la identidad, el derecho a la vida personal y familiar, la intimidad, la integridad física, el acceso a la justicia o, incluso, la propia vida». Ha citado los nombres de Mohamed Abagui, Samba Martine, Idrissa Diallo y Aramis Manukyan, todas ellas fallecidas en un CIE, «es decir, en un marco en el que el Estado era el garante de su integridad física y su vida».
La portavoz ha mencionado que «entre las mujeres encerradas en los CIE, hay embarazadas, víctimas de trata, posibles solicitantes de protección internacional o madres que, al ser expulsadas, dejarán en España a sus hijas e hijos», y ha recordado que ya está acreditado que algunas de estas mujeres son objeto de todo tipo de discriminaciones y abusos.
A esto respecto, la moción se hace eco de los tristes acontecimientos del verano de 2006, cuando se destaparon los reiterados abusos sexuales a internas del CIE de Capuchinos, en Málaga. Galindo ha expresado su confianza en que el gobierno dé marcha atrás y ha recordado que fue la sociedad civil la que logró el cierre en 2012.
Por otro lado, ha anunciado que su grupo presentará también una moción para mantener la actual senda ecológica del litoral de Torre Benagalbón, en lugar del paseo marítimo proyectado y otra para que el año que viene se mejore la accesibilidad en los municipios menores de 20.000 habitantes
