El expresident Artur Mas lleva más de un año revolviéndose contra «la papelera de la historia», aquel lugar al que la CUP aseguró haberle enviado en enero de 2016 cuando consiguieron que su cabeza rodara para dar paso a la presidencia de Puigdemont. Pero la larga batalla del líder convergente contra su eliminación política ha quedado gravemente tocada en solo una semana, con las declaraciones de Félix Millet y Gemma y Jordi Montull en el juicio por el caso Palau.
Los saqueadores confesos del Palau de la Música Catalana no han dudado en asegurar que su institución era la tapadera a través de la que Ferrovial abonaba el 4% de comisión a Convergènciaa cambio de adjudicaciones de obra pública. Los acusados, sin embargo, se han limitado a señalar al extesorero Daniel Osàcar, cuidándose de no manchar a ningún político de CDC.
Esta estrategia procesal de avalar el circuito de financiación ilegal estableciendo un cordón sanitario en torno a los cargos de Convergència no impide hacer conexiones. El fiscal, Emilio Sánchez Ulled, ha preguntado a Millet y Montull si «trataban con alguien por encima del tesorero». Ambos lo han negado.
Dos nombres sobrevolaban la sala de vistas. Por un lado, el exgerente de CDC, Germà Gordó. Montull ha reconocido que se reunió con él, pero que hablaron «de política y de fútbol», no de comisiones. Y también Artur Mas, secretario general de Convergència entre los años 2000 y 2012, cuando presuntamente sucedieron los hechos.
Mientras en la Ciutat de la Justicia –irónicamente una de las obras públicas investigadas susceptibles de haber sido adjudicadas comisión mediante– se producían las confesiones de Millet y los Montull, en el Parlament la oposición al completo pedía responsabilidades al Govern, al president y, más concretamente, al PDECat, la formación sucesora de Convergència. El jueves, la reclamación de responsabilidades se ha puesto negro sobre blanco con una petición de comparecencia de Mas ante el Parlament que han firmado todos los grupos de la oposición, incluyendo la CUP.
La misma mayoría que en enero de 2016 consiguió descabalgarlo de la presidencia de la Generalitat será la que, un año después, ponga en cuestión sus posibles aspiraciones a la presidencia de la Generalitat como candidato del PDECat.
El cerco político a Mas llega, además, en plena campaña de relanzamiento de su figura. En el último mes, desde el juicio del 9-N, el líder de la derecha independentista ha pronunciado conferencias en Oxford, Harvard y Madrid, y ha concedido entrevistas a varios medios, entre ellos programas de televisión de ámbito estatal.
Palabras y documentos
La línea argumental que mantiene el PDECat es que no hay pruebas que relacionen los pagos a CDC con la adjudicación de obra pública. También que no puede creerse a los saqueadores confesos de la institución cultural porque buscan reducir en tiempo de descuento las penas de más de 25 años de prisión que solicita la Fiscalía.
Igual que Osàcar en el juicio, Mas, en un acto en L’Hospitalet este jueves por la noche, ha alegado que las acusaciones sobre CDC son «pura invención, pura mentira y un intento de protegerse de alguna gente que necesita rebajar sus penas porque es manifiesto que robaron dinero del Palau». El expresident ha dicho tener «confianza absoluta y total» en su extesorero.
Sin embargo, la confesión de Millet y los Montull no es solo de palabra. En su declaración como acusada, Gemma Montull corroboró el contenido de varios documentos incautados en el registro del Palau que sustentan la acusación de la Fiscalía.
Entre ellos, uno con el revelador nombre de «Factures convergents» y que, según Montull, Convergència entregó al Palau para justificar ante Hacienda las comisiones en efectivo que el partido había recibido de la constructora Ferrovial a través de la institución cultural. O también un cuadro de Excel confeccionado por Jordi Montull con una columna titulada «pago a Daniel», que padre e hija han identificado como las cantidades que se abonaban en efectivo a Daniel Osàcar.
La enorme cantidad de documentos incautados, más que la confesión de los Montull y Millet, es la base por la que Convergència se sienta en el banquillo del caso Palau como responsable civil a título lucrativo del saqueo. El fiscal eleva el importe total de las comisiones a 6,6 millones de euros, cantidad que pide decomisar al partido.
Mas responderá al Parlament
Mas quiere ofrecer imagen de accesibilidad ante los medios, demostrando que no se esconde ante las acusaciones que le lanzan. El expresident tampoco rechaza acudir al Parlament a responder preguntas de los diputados, como ya hiciera en octubre de 2015 tras el registro de la sede de su partido en el marco del caso «del 3%».
Otra cuestión es si todo eso será suficiente para neutralizar las sombras que el juicio del Palau, la oposición en pleno y la investigación todavía abierta por el juez de El Vendrell –cuya última operación ocurrió hace solo un mes–, proyectan sobre su figura política. Sobre todo porque la práctica unanimidad soberanista que aparece siempre que Mas es acusado penalmente por su acción en el proceso participativo del 9-N, o cuando se revelan maniobras en su contra en la llamada ‘Operación Catalunya’, desaparece de forma fulminante ante casos de corrupción que poco tienen que ver con el proceso.
