El Tribunal de Cuentas fijó en casi dos millones de euros la responsabilidad contable que tendría que satisfacer el expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont, quien aseguró por intermedio de su abogado que llevará la causa ante la Justicia de Bélgica, donde reside desde hace cuatro años, como prófugo de la justicia española.
Puigdemont pondrá al Tribunal de Cuentas español ante «la justicia belga y a la que haga falta si tiene alguna repercusión económica del tipo que sea», afirmó el abogado Gonzalo Boye, quien de todos modos instó a esperar qué resuelve el tribunal al terminar la vista en la que fija la liquidación provisional por el presunto desvío de fondos en las delegaciones de la Generalitat en el extranjero.
«De momento el tribunal solo ha hecho papeles; si va a entrar en bienes y efectos de Puigdemont, eso ya es otra cosa; si alguien me mete la mano en la cartera, creo que es claro lo que está haciendo», añadió.
Boye respondió así tras preguntársele por qué presuntos delitos podría empezar el procedimiento judicial en Bélgica, donde Puigdemont, fugado de la justicia desde hace casi cuatro años, tiene fijada su residencia y podría ser afectado por un posible embargo.
El Tribunal de Cuentas fijó inicialmente en casi dos millones de euros la responsabilidad contable que tendría que satisfacer Puigdemont, y la misma cifra al exvicepresidente Oriol Junqueras, uno de los beneficiados por el polémico indulto y liberación decretado días atrás por el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.
Boye advirtió que los actos judiciales en España pueden tener consecuencias en otras jurisdicciones y afirmó que el equipo de la defensa de Puigdemont va a reaccionar a lo que resuelva el Tribunal de Cuentas.
A su vez, tildó de «espectáculo humillante, abusivo, inquisitorial y absolutamente tendencioso» la vista que ha empezado a correr este martes por la mañana.
El letrado dijo que le avisó a la instructora del caso que no había pedido un suplicatorio al Parlamento Europeo para procesar a Puigdemont a pesar de tener inmunidad como eurodiputado.
«Se lo he dicho claramente y ha dicho que no lo necesita», amplió Boyé, en declaraciones a la agencia de noticias Europa Press.
Horas más tarde, el Gobierno español y el Ejecutivo separatista catalán anunciaron que reanudarán el diálogo la tercera semana de septiembre para tratar de resolver la mayor crisis política en décadas.
«La tercera semana de septiembre, en Barcelona, se producirá la reanudación de la mesa de negociación para abordar el conflicto político entre los dos gobiernos», expresó el presidente regional catalán, Pere Aragonés, tras reunirse en Madrid con Sánchez.
Aragonés expuso en rueda de prensa sus exigencias de máxima, como un referendo de autodeterminación para Cataluña, y amnistía para todos los encausados por el intento de secesión de 2017, lo cual fue rechazado enfáticamente por el Gobierno central.
Al respecto, la portavoz gubernamental, María Jesús Montero, aclaró que «en ningún momento el presidente Sánchez ha hablado de esas cuestiones», consignó la agencia de noticias AFP.
Montero reconoció que ambas partes reanudarán el diálogo político con diferencias «abismales» en sus planteamientos de base, y refirió que «el Gobierno no es ingenuo, y sabe que este camino no es un camino fácil».
