Así lo subrayó en su comparecencia ante la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo, para dar cuenta de su gestión en 2020, un año marcado por la pandemia mundial de la Covid-19.
Según aseguró, “la crisis del coronavirus ha provocado que “una parte muy significativa de la actividad de la institución el año pasado haya estado, directa o indirectamente, relacionada con los efectos de la pandemia y las actividades para combatirla desarrolladas por las distintas administraciones”.
Así, explicó que en 2020 se realizaron un total de 29.335 actuaciones, que incluyen las quejas recibidas, las investigaciones de oficio iniciadas y las solicitudes de interposición de recursos de inconstitucionalidad. Esta cifra supone un aumento del 41,5% respecto de los 20.722 expedientes del año anterior. Destaca, además, el fuerte incremento experimentado por las peticiones de recurso ante el Tribunal Constitucional, que crecieron un 573%, al pasar de 135 a 909.
El defensor del Pueblo relató que Madrid, Cataluña, Andalucía y Valencia concentraron el 57,1% del total de quejas recibidas y que los asuntos que más preocuparon a los ciudadanos tuvieron que ver con la administración de Justicia (4.439 quejas), la sanidad y los asuntos sociales (3.735), el empleo y la Seguridad Social (3.493), las migraciones (2.716) y la educación (2.579). El Defensor dirigió a las diferentes administraciones un total de 2.254 resoluciones, entre recomendaciones, sugerencias y recordatorios de deberes legales.
IMPACTO EXTRAORDINARIO
A lo largo de su comparecencia, Fernández Marugán ha apuntado que la pandemia ha causado la mayor crisis sanitaria de la historia de España y ha tenido “un impacto extraordinario” sobre la economía, ya que ha propiciado un incremento de déficit estructural y unos elevados niveles de deuda que suponen “un importante factor de vulnerabilidad ante eventuales cambios en las condiciones de financiación”.
También ha asegurado que ve inevitable una reforma fiscal al alza si se quiere mantener el estado del bienestar y pide reformas en el sistema educativo, las políticas de empleo, las pensiones, la vivienda y la consolidación fiscal, para alcanzar la recuperación económica.
Fernández Marguán ha instado también a aumentar la ayuda pública a los colectivos vulnerables para compensar el incremento de la desigualdad generado por la crisis sanitaria y social y a aplicar una protección específica para los hijos e hijas menores, como víctimas directas de violencia de género o como víctimas de la violencia vicaria.
