El Gobierno de España está dispuesto a plantearse la vuelta a la jornada laboral de 35 horas semanales para los empleados públicos dentro del paquete de recuperación de los derechos que suprimió a éstos en 2012 y que se han empezado a restituir por la presión de las comunidades autónomas (CCAA), en una semana en la que se celebra la Conferencia de Presidentes y se reúne la comisión bilateral con la Junta de Andalucía para abordar precisamente este tema.
Esto último será el próximo 18 de enero, un día antes de que en principio fuera a expirar el plazo de tres meses desde su publicación [19 de en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA)] para que se pueda presentar un recurso en el Tribunal Constitucional (TC) contra la decisión de la Junta de Andalucía de devolver este derecho a sus empleados públicos y cuando las dos administraciones se reunirán en comisión bilateral para negociar. De todas maneras, que se haya convocado la comisión bilateral implica que el plazo para recurrir se amplía a nueve meses tras notificarse la misma en el TC.
La invitación por parte del Gobierno de Mariano Rajoy a esta negociación es un gesto más de los que últimamente ha brindado a la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, pero supone un cambio de estrategia con respecto a las otras dos comunidades autónomas que han intentado volver a las 35 horas antes. En Castilla la Mancha el recurso del Gobierno de España implicó que la medida fuera paralizada por el TC, mientras que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, por petición de la Abogacía del Estado, anuló lo propio en este territorio y se está pendiente de que el ejecutivo de Íñigo Urkullu recurra en el Tribunal Supremo (TS).
Tres días para otros tantos acontecimientos claves
Fuentes de la negociación han reconocido que será muy difícil de explicar que se actúe con una comunidad autónoma de una manera diferente al resto, por lo que lo que salga de la comisión bilateral de este miércoles será seguido con atención por los demás territorios. Todo ello en una semana en la que en tres días se sucederán otros tantos acontecimientos claves: entrada en vigor del decreto de las 35 horas en Andalucía, el 16; Conferencia de Presidentes, el 17; y la citada comisión bilateral, el 18.
La ligera subida de sueldo a los empleados públicos y la devolución del 75% restante de la paga extra suspendida en 2012, el pasado año, y la decisión, hace unos días, de suprimir la tasa de reposición para las ofertas de empleo público en sanidad, educación y servicios sociales, que el Gobierno de España ha pactado con las CCAA, marcan un nuevo camino. Sin embargo, fuentes del PP han explicado que es «muy difícil» que en estas restituciones de derechos se incluya la vuelta a las 35 horas -en lugar de las 37,5 impuestas también hace cinco años- porque es una medida mucho más costosa que las demás.
De momento, 48 horas antes de la reunión, buena parte de los empleados públicos de Andalucía comenzarán a ensayar la vuelta a las 35 horas. No serán todos porque pese a que la medida se anunció para los 270.000 empleados públicos de la Junta de Andalucía, lo cierto es que se quedan fuera muchos, de momento. En este sentido, este lunes comienza para el personal de la Administración General de la Junta de Andalucía, unos 40.000; del Servicio Andaluz de Salud (SAS), unos 100.000; y de los entes instrumentales, unos 20.000.
Queda a la espera el personal de la Consejería de Educación, que supera los 100.000, y no se ha previsto para ellos empezar hasta el próximo curso y no en su totalidad; y el de la Consejería de Justicia e Interior, para la que no se contempla porque pese a que les paga la Junta de Andalucía, dependen del Gobierno de España. Una decisión que por cierto ha provocado críticas del propio consejero del ramo, Emilio de Llera, dado que esta posible invasión de competencias no se ha tenido en cuenta a la hora de aprobar un decreto en el que los propios servicios jurídicos de la Junta de Andalucía advierten de este riesgo.
En este contexto, el PP-A considera que la decisión del Gobierno de Andalucía de aplicar el decreto sin esperar a la reunión con el Gobierno de la Nación «responde a una actitud de chantaje por parte de Susana Díaz». Lo ha dicho la vicesecretaria de Organización del PP-A, Patricia Navarro, para quien la presidenta de la Junta de Andalucía busca una vez más la «confrontación y la política del portazo». Ha criticado su «falta de lealtad institucional» y ha recalcado que se confrontan «dos maneras de hacer política: la del ordeno y mando de Susana Díaz y la de la voluntad de negociación de Mariano Rajoy».
Sin embargo, el vicepresidente de la Junta de Andalucía, Manuel Jiménez Barrios, ha recordado en una entrevista en la cadena Ser que en la reunión preparatoria de la Conferencia de Presidentes hubo una demanda unánime de todas las CCAA para que se revise la tasa de reposición y se establezcan las 35 horas como una recuperación de los derechos de los empleados públicos.
Desde CCOO, el secretario general en Andalucía, Francisco Carbonero, va más allá y exige que la medida se aplique no sólo a la Junta de Andalucía, sino también al resto de administraciones públicas, para lo que hace falta «un cambio en la legislación». En cualquier caso, duda de que finalmente se pueda llevar a cabo la propuesta en Andalucía «por la actitud del PP».
