«Las dimisiones deberían comenzar por la jefa de Departamento (Leonor Muñoz Pastrana), el Gerente (José Cardador) y llegar hasta Francisco Pomares, actual concejal de Urbanismo».
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Málaga presenta las conclusiones que mañana se debatirán en la sesión final de la comisión de investigación que durante los últimos meses ha estudiado las miles de infracciones cometidas en la Gerencia de Urbanismo entre 2006 y 2016.
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«El alcalde conocía cómo se dejaban caducar los expedientes de infracciones e incluso la creación de un “equipo B”», afirma Torralbo.
Treinta y cuatro conclusiones que detallan cómo la Gerencia Municipal de Urbanismo se convirtió en la última década en un organismo opaco, plagado de injerencias políticas, despidos encubiertos, creación de equipos paralelos, miles de infracciones dejadas de lado y castigos a los empleados que denunciaban la situación.
Son parte de los resultados que Málaga Ahora presentará en la Comisión de investigación sobre los expedientes de infracciones y concesión de licencias en el periodo 2006-2016, que este miércoles pondrá fin a medio año de sesiones celebradas en el Ayuntamiento. Para Ysabel Torralbo, portavoz de Málaga Ahora, que espera que «los tribunales tomen nota», quedan claras «las responsabilidades políticas».
«Las dimisiones deberían comenzar por la jefa de Departamento de Infracciones (Leonor Muñoz Pastrana), el Gerente (José Cardador) y llegar hasta Francisco Pomares, actual concejal de Urbanismo».
Las acusaciones vertidas sobre este último durante varias de las comparecencias de la Comisión han sido especialmente graves. La exjefa del Servicio de Inspecciones no ahorró detalles a la hora de relatar las presiones, amenazas y trato humillante que le dispensó el concejal de Urbanismo. Hasta en tres ocasiones relató por escrito estos sucesos al alcalde, que no obstante, pese a su promesa, no hizo absolutamente nada. El acalde, como ha quedado acreditado, supo por esta vía que se estaba permitiendo que miles de expedientes de infracciones caducaran, de una serie de bloqueos en las resoluciones de restablecimiento, en las medidas coercitivas, en las resoluciones de demoliciones en ejecuciones subsidiarias, en las resoluciones sancionadoras e incluso en la recepción de los documentos por la jefa del Departamento, ha explicado Torralbo.
Un equipo paralelo
También supo por la misma vía que incluso se había creado un «equipo B» de tramitación, dirigida por la nueva jefa de departamento, para la barriada Villas del Arena, en la zona de Intelhorce. Así, en algunas actuaciones de los expedientes de Villas del Arenal por exceso de edificación se pretendió legalizar la infracción en función de un hipotético Estudio de Detalle. En realidad, se aplicaron a los expedientes de Villas del Arenal criterios que favorecían al infractor y que no se utilizan en el resto de procedimientos sancionadores, según las conclusiones de Málaga Ahora. Incluso se impuso una prohibición expresa de forma verbal de que los inspectores no fueran al distrito 7 si no era en compañía director del Distrito. De hecho, cuatro días después del segundo de sus escritos al alcalde, la jefa de Servicio fue trasladada forzosamente al Instituto Municipal de la Vivienda.
La reestructuración que sufrió la Gerencia de Urbanismo en noviembre de 2016 se justificó como refuerzo de licencias a costa del Servicio de Infracciones. El resultado fue que se eliminaron puestos en infracciones adquiridos por concurso y se ocuparon con otros de libre designación, para lo que se cambió la denominación. Por si fuera poco, varios miembros de ese equipo B obtuvieron posteriormente plazas de mayor categoría sin que mediara concurso de méritos.
La falta de medios y la reducción de personal también ha quedado cumplidamente demostrada. Por todo ello, Torralbo defenderá mañana que «han quedado constatada las injerencias políticas no justificadas, que han perjudicado la tramitación de los expedientes de infracciones, especialmente en los de Villas del Arenal»
