- Sólo el 5,9% de quienes viven bajo el umbral de la pobreza perciben estas ayudas (571.732 personas), y su cuantía sólo alcanza el 15,9% de la renta media por hogar en España
En los 3 últimos años -desde la implantación del IMV-, se han perdido casi uno de cada tres beneficiarios, y 13 CC.AA. han reducido su gasto en Rentas Mínimas de Inserción.Aragón (-96,2%) y Madrid (-91,1%) lideran esta reducción. Le siguen Castilla-La Mancha (-82,2%), Castilla y León (-69,7%), Andalucia (-65,4%) y La Rioja (-64,5%). En el otro extremo Canarias aumenta su presupuesto un 103%, Baleares (74,7%), C. Valenciana (18,6%) y País Vasco (4%).
En 5 Comunidades sus RMI ni siquiera alcanzan al 2% de las personas bajo el umbral de la Pobreza: Castilla y León (1,7%), Murcia (1,2%), Madrid (0,8%) Andalucía (0,7%) y Castilla La Mancha (0,3%) y en Aragón la cuantía media no llega al 1% de la Renta media de la Comunidad.
Así se desprende del Informe de Rentas Mínimas de Inserción correspondiente al año 2023, que ha hecho público el Ministerio de Derechos Sociales.
La reducción de los presupuestos de las RMI en la mayor parte de las Comunidades, supone que, en los tres años desde la aprobación del Ingreso Mínimo Vital, se quiebre la tendencia al alza que se registraba desde 2011, con una pérdida global de 320 millones de euros.
Pobreza y exclusión social son conceptos diferentes, aunque exista una clara relación entre ellos especialmente cuando la pobreza se agudiza, cuando se concentra en un mismo entorno familiar o comunitario o cuando coexisten factores de tipo personal que dificultan la integración. Por eso la aprobación del IMV, que viene a aliviar situaciones de pobreza, hubiera sido la oportunidad de destinar los recursos de las RMI de las Comunidades a implementar políticas y actuaciones eficaces de inclusión social, más allá de la aportación de recursos económicos a personas con rentas bajas.
Sin embargo, como hemos denunciado reiteradamente, muchas Comunidades destinaron su “ahorro” en el presupuesto de sus RMI a otras cuestiones fuera de los servicios sociales. Aunque al menos en dos Comunidades tenemos constancia de que ha existido el compromiso de dedicar ese “ahorro” a reforzar otros servicios sociales: Castilla y León y Madrid.
Desde el año 2020 se han reducido un 28,6% los perceptores de Rentas Mínimas. En esta reducción destaca Madrid donde se han perdido 9 de cada 10 beneficiarios y Andalucía donde la reducción alcanza el 84,4%.
Sólo el 5,9% de la población bajo el umbral de la pobreza en España se ha beneficiado las RMI que ofrecen las Comunidades Autónomas. Este porcentaje se está reduciendo desde el 2015, salvo en el año de la pandemia (2020), tras alcanzar ese año su nivel más alto, con un 8,7%.
También este aspecto encubre diferencias extremas: dos Comunidades, País Vasco (51,2%) y Navarra (38,2%), destacan con porcentajes que superan o se acercan, al 50%, de su población por debajo del umbral de la pobreza. Sin embargo, en 5 Comunidades sus RMI ni siquiera alcanzan al 2% de las personas bajo el umbral de la Pobreza: Castilla y León (1,7%), Murcia (1,2%), Madrid (0,8%), Andalucía (0,7%) y Castilla La Mancha (0,3%).
La cuantía media por persona perceptora de las RMI en el conjunto de España supone el 15,9% de la renta media por hogar en nuestro país. Una cuantía extremadamente baja, aunque haya aumentado dos puntos este último año.También en este aspecto las diferencias entre Comunidades son extremas. Las cuantías más altas en relación con la renta media de los hogares de sus territorios son Baleares (36,4%), Cataluña (18,3%), Canarias (17,9%), Asturias (16,5%) y C. Valenciana (15,2). Las que menos Murcia (9%), Madrid (9,1%) y el caso más extremo, Aragón, donde la cuantía de sus RMI sólo representa el 0,7% de la renta media de los hogares de su territorio.
