Alquiler Seguro y UGT están de acuerdo en que aplicar topes a los precios del alquiler “ha generado un problema más allá de lo real” y «lleva al fracaso», después de que se haya implementado en Barcelona.
El presidente de Alquiler Seguro, Antonio Carroza, y el vicesecretario general de Política Sindical de UGT, Fernando Luján, participaron en un encuentro sobre el problema del alquiler organizado por la agencia de noticias Servimedia, en el que también intervino el presidente del Foro de Economistas Inmobiliarios, Julián Salcedo.
En el encuentro, Carroza criticó la falta de consenso político en materia de vivienda y no contar con el sector para buscar soluciones. “Una de las dificultades es que obvian a los profesionales del sector, estamos viendo cada seis meses ocurrencias y soluciones que nunca son aplaudidas por los actores”, lamentó.
Así, defendió el intento de pactar una solución que, “no va a satisfacer a todos, pero sí que en cierto modo permita avanzar” generando atracción de inversión y seguridad jurídica.
A este respecto, rechazó la intervención en los precios aludiendo a que donde se ha aplicado “ha generado un problema más allá de lo real” y citó el caso de Cataluña, donde dijo que la oferta se ha reducido en más de un 50% con los topes a los precios del alquiler. En el mercado han quedado “infraviviendas de peor calidad”, relató, e indicó que Alquiler Seguro registra hasta 300 solicitudes para visitar una vivienda, lo cual calificó como “barbaridad”.
Carroza se alineó con una legislación “confortable” para los propietarios con el fin de incentivarles a que pongan más vivienda a disposición.
DAR «SEGURIDAD JURÍDICA»
Para el representante de UGT, la vivienda es un derecho, motivo por el que el sindicato ha acudido al Comité Europeo de Derechos Sociales para presentar una reclamación en este sentido, ya que la Carta Social Europea sí que lo concibe, aunque no la Constitución española, que lo recoge como principio rector.
No obstante, Luján consideró que, aunque el Estado tiene que garantizar el acceso a la vivienda, “intervenir limitando los precios probablemente lleve al fracaso”. Ahondó en esta idea afirmando que el Estado “tiene que ir mucho más allá de una mera limitación de precios que no nos lleva a ningún sitio”. Así, ejemplificó revisar la tributación de las viviendas vacías, el caso de los grandes tenedores, si los pequeños propietarios deben tener un tratamiento distinto a los grandes tenedores, que “probablemente tendrá que ser distinto” y dar “seguridad jurídica”.
Por su parte, Salcedo recordó que ningún país contempla la vivienda como un derecho. En una sociedad democrática, defendió que el Estado intervenga para “corregir los fallos de mercado” y esos fallos “son para la vivienda social, para determinados colectivos muy vulnerables que no tienen para pagar ni 300 euros mensuales”.
(SERVIMEDIA)
