El comité de 50 expertos creado por el Gobierno para proteger a los menores en el entorno digital ha concluido sus trabajos y ha elevado un informe al Ejecutivo con sus conclusiones, entre las que se encuentran no exponer a los chavales hasta tres años a los dispositivos digitales, desaconsejar su uso hasta los seis años y limitar su uso hasta los doce años, y tener presente el impacto de estos aparatos en la salud mental de los niños.
Así consta en el antedicho informe, a cuyo contenido ha tenido acceso Servimedia, y que el Consejo de Ministros prevé abordar en su reunión de este martes, según fuentes gubernamentales. El Gobierno aprobó el pasado 30 de enero la creación de este grupo de expertos con el objetivo de diseñar una estrategia de país que promueva un entorno digital seguro para los menores de edad.
En aquel momento, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, reconoció que el Ejecutivo es consciente de la existencia de “una conversación en el país que preocupa e interpela a todos” en torno a “la incorporación de las nuevas tecnologías y a cómo éstas afectan a la infancia y a la juventud”.
Subrayó que se está ante “un nuevo paradigma”, con “muchas vertientes y aristas”, que afecta a “todos los niveles: social, económico, familiar y educativo”.
Señaló que este comité de expertos tiene dos objetivos: formular recomendaciones de actuaciones y medidas “a corto, medio y largo plazo” para que las distintas administraciones garanticen un marco de prevención, detección precoz y protección frente a una posible vulneración de los derechos de la infancia y la juventud y auspiciar un “acuerdo intergeneracional de país” que permita a los menores disfrutar de los beneficios de la tecnología, garantizándoles una navegación segura en red, priorizando la defensa de sus derechos y ofreciéndoles la posibilidad de participar en la toma de decisiones.
En ese sentido, el informe cuenta con 107 medidas. Entre las que han de ser activadas a corto plazo, descuellan la obligatoriedad de que todos los actores del entorno digital cuenten con sistemas de verificación de edad para acceder a contenido que pudiera resultar nocivo para colectivos vulnerables; la configuración por defecto de espacios seguros digitales para los chavales por parte fabricantes y generadores de ‘software’, prestadores de servicios digitales, fabricantes de dispositivos y operadores de telecomunicaciones; la inclusión de etiquetados en los dispositivos digitales y aplicaciones advirtiendo de los principales riesgos para la salud que conlleva su uso; y la prohibición de acceso a cajas botín y otros mecanismos de gratificación inmediata a menores de edad.
En lo concerniente a la formación y al ámbito educativo, se destaca la importancia de reforzar los contenidos referidos a la educación afectivo-sexual y mejorar la competencia digital de los profesionales que trabajan con menores de edad.
También se apunta evitar el uso de dispositivos digitales propios del centro en el tramo de edad comprendido entre cero y tres años, priorizar la enseñanza analógica en la Educación Primaria utilizarlos como “herramienta didáctica, debidamente justificada y supervisada, y atendiendo a la edad del alumnado” en Secundaria.
En cuanto a la utilización de los dispositivos privados en los centros escolares, ésta no se permitirá en Educación Infantil y Primaria, al igual que en Secundaria, aunque en este último caso se permite su uso por “razones excepcionales, debidamente justificadas, situaciones especiales de salud o personales” y “como herramienta pedagógica, debidamente supervisada, motivado y recogido en el Plan Digital de Centro”.
Del mismo modo, se deberá informar del impacto del uso de estos dispositivos en el ámbito de la salud, en general, y de la salud mental, en particular, y se tendrá que definir como “problema de salud pública” los trastornos y adicciones sin sustancia derivados del impacto de la tecnología en la infancia y adolescencia.
USO DE PANTALLAS
El comité de expertos sugiere no exponer a los chavales hasta tres años a los dispositivos digitales, desaconseja su uso hasta los seis años, desliza la necesidad de limitar su uso hasta los doce años y controlar su utilización, a través de medidas de control parental, entre otras, hasta los 16 años.
En la misma línea, el texto apunta la conveniencia de priorizar el uso de teléfonos analógicos, sin acceso a Internet entre 12 y 16 años; mientras que si se decide entregar uno inteligente antes de los 16 años, se insta a utilizar el control parental para limitar y controlar el acceso a los contenidos y a los tiempos de ocio.
A su vez, se aconseja considerar el desarrollo de medidas que garanticen la responsabilidad civil de la industria y la responsabilidad penal de sus responsables y la activación de mecanismos de bloqueo, previa autorización judicial, para bloquear contenidos nocivos que sean accesibles una plataforma de intercambio de videos establecida en terceros países cuando haya sido sancionada por incumplimiento de las obligaciones en materia de protección de personas menores de edad.
El texto recomienda que en todo momento se tenga en cuenta la participación de los chavales en las diferentes fases del proceso de aplicación de las medidas propuestas por el comité y que se forme a los profesionales sanitarios de Atención Primaria en la detección y el tratamiento de los chavales con problemas derivados del uso de la tecnología.
ÁMBITO LEGISLATIVO
Por su parte, el trabajo del comité de expertos reclama la protección de los neuroderechos, el desarrollo normativo de la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia (Lopivi), desarrollar la Ley Estatal Lgtbi+ “en su máxima extensión” e impulsar la habilitación legal necesaria para la plena operación de la línea directa en España en lo relativo a la violencia sexual contra la infancia.
También se demanda la puesta en marcha de juzgados especializados en violencia contra la infancia y la adolescencia, incluida las violencias digitales y de un Plan Estratégico de Alfabetización Mediática e Informacional, y dotar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de “herramientas más adecuadas” para investigar y desmantelar redes de violencia sexual contra la infancia en línea.
El trabajo apunta a la conveniencia de desarrollar herramientas, protocolos y formaciones específicas para la detección y actuación en caso de una problemática relacionada con el consumo de la pornografía por menores de edad y violencias y violencias sexuales contra los chavales.
Por último, a largo plazo se contempla la creación de un Observatorio de Salud Mental y Adicciones sin sustancia vinculadas al entorno digital y la puesta en marcha de mecanismos de monitoreo y evaluación de la Estrategia Nacional de Protección a la Infancia y la Adolescencia en Entornos Digitales.
(SERVIMEDIA)
